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El Consejo de Estado determinó que los funcionarios públicos que sean detenidos conduciendo bajo los efectos del alcohol tendrán que pagar la multa así como los daños y lesiones causadas por su acción con su patrimonio.
“En primer lugar, manejar vehículos automotores es una actividad peligrosa, en segundo lugar, la violación a los reglamentos que impiden que los ciudadanos conduzcan esos vehículos bajo el estado de embriaguez, y mucho más grave aún cuando quien lo hace es un servidor público. Hay una concurrencia de elementos negativos que ponen de presente la culpa del Estado”, asegura uno de los apartes de la sentencia.
La decisión se desprende de una condena a la Policía Nacional y a un agente de la Institución quien mató a un peatón cuando manejaba su vehículo bajo los efectos del alcohol en hechos registrados en 1999, en el municipio de Mercaderes, Cauca.
En la determinación tomada por la Sección Tercera del tribunal de lo contencioso administrativo se indica que se debe indemnizar a la familia de la víctima con 130 millones de pesos.
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