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El negocio, de $16.000 millones para construir 1,8 kilómetros de vía, está desde 2009 en manos de las empresas Mauros Food (dedicada a la elaboración de productos alimenticios), Coespro y Coopmunicipal (asociadas en el Consorcio Calle 153). Según el IDU, esas firmas tenían que haber entregado los trabajos hace cuatro meses y a la fecha no alcanzan el 50% de su ejecución.
Por esa razón, el Instituto comenzó el proceso de caducidad, pero los contratistas interpusieron una acción de tutela que fue fallada por el juez 29 civil municipal a su favor. Es decir, el IDU no pudo continuar con el trámite.
La situación motivó la renuncia del director del IDU, Héctor Jaime Pinilla, quien le dijo a este diario que espera que la apelación sirva para que el juez reflexione “y se le permita a la empresa aseguradora asumir la obra”.
Cuando se conoció la renuncia de Pinilla esta semana, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) anunció la apertura de una indagación preliminar en contra del juez que falló la tutela.
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