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La Contraloría se abstuvo de mantener el proceso verbal que cursaba en contra de Luis Alfredo Ramos, por presunto detrimento patrimonial de 18.000.000 millones de pesos, cuando Ramos fue gobernador de Antioquia.
Esta decisión fue tomada después de estudiar las nulidades presentadas por los abogados del exgobernador, por fallas en el informe técnico de la Contraloría y falta de motivación de actos administrativos.
El organismo de control ordenó que se disuelva la unidad procesal y que se lleven por separado 18 investigaciones fiscales por vía ordinaria. Así se cae la imputación de cargos que la Contraloría, había anunciado contra Luis Alfredo Ramos y otros funcionarios de la gobernación de Antioquia.
Ahora se arrancará desde la práctica de pruebas en cada una de las investigaciones, y se levantarán las medidas cautelares ordenadas por la Contraloría.
El ente de control llevaba a cabo un proceso de imputarle cargos de responsabilidad fiscal al exgobernador y a Mauricio Restrepo Gutiérrez y María Cristina Mesa Zapata quienes fueron durante la administración de Luis Alfredo Ramos, secretarios de Infraestructura Física, dicho proceso también cobijaba diez uniones temporales, que sumaban 20 compañías de obras civiles.
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