Una orden de $43.000 millones

Hace una semana el contralor distrital, Mario Solano, hizo pública una dura advertencia fiscal que causó revuelo en la administración. Según el funcionario, en contravía de “los fines esenciales del Estado” y de manera “unilateral e ineficaz”, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) excluyó la renovación de las redes de servicios públicos de los contratos para construir 128 mil metros cuadrados de andenes, una obra que se hizo pero estaría en riesgo de tener que repetirse por dicha omisión. Lo anterior le causaría a la ciudad un detrimento patrimonial de $43.039 millones.

Los andenes se construyeron con recursos de valorización (un impuesto exclusivo para obras de movilidad y espacio público), a través de cinco contratos que entregó el IDU en 2009 . Los ciudadanos que ya padecieron la incomodidad de esos trabajos estarían ad portas de tener que volver a ver sus aceras partidas, según la advertencia del contralor. Ahora, un acta de ese Instituto, conocida por El Espectador, señala quién habría dado la orden de excluir la intervención de las redes de dichas obras.

El documento está fechado el 25 de marzo de 2010 y firmado por un comité técnico del IDU, liderado por Luis Eduardo Montenegro, quien entonces era subdirector general de infraestructura, pero luego fue declarado insubsistente y además recibió cargos disciplinarios por parte de la Procuraduría por irregularidades en la construcción de la fase III de Transmilenio. Según el acta (ver facsímil), “la instrucción del alcalde mayor es que se excluya la intervención de las redes” del contrato.

La información coincide con el informe de advertencia fiscal de la Contraloría, que también menciona el acta conocida por este diario y además detalla que para los cinco contratos de andenes se suscribió un otrosí ratificando la decisión de excluir las redes, que originalmente sí estaban contempladas en el negocio.

En mayo del año pasado, cinco meses después de iniciados los contratos y cuando ya en algunos tramos los contratistas habían realizado intervención de redes, el IDU les informó que los dineros recaudados por valorización eran insuficientes para ejecutar dichas actividades.

En diferentes oficios enviados al IDU, las empresas de servicios públicos, que coordinan los proyectos que tengan que ver con redes, dijeron que luego de la decisión del Instituto no asumen la responsabilidad por la ejecución de las obras, lo que en opinión del contralor “evidencia una falta de coordinación entre las entidades”.

La eliminación de las redes de los contratos de andenes es calificada por Solano como “una práctica negligente”. La Contraloría está evaluando si al alcalde Samuel Moreno le cabe alguna responsabilidad fiscal.

Lo cierto es que ante la suspensión que ordenó en su contra la Procuraduría, que lo investiga por omisión en la ejecución de unos contratos, Samuel Moreno siempre ha asegurado que jamás intervino directamente en ningún contrato en el Distrito. Su defensa asevera que por ser Bogotá un Distrito Especial esa responsabilidad recae sobre el director del IDU.

Ahora que una frase contenida en un acta oficial dejaría entrever que por orden suya se habría excluido la intervención de redes, su abogado, Carlos Gómez Pavajeau, insiste en que el mandatario “no se ocupaba de temas puntuales en las obras, sino de las políticas generales, como las metas”.

En el mismo sentido, el director (e) del IDU, Héctor Jaime Pinilla, sostuvo que “ni los presidentes ni los gobernadores ni los alcaldes son responsables directos de las obras”. El funcionario aclaró que no estaba al frente del Instituto en el momento en el que se tomaron las decisiones en cuestión y que por eso no conoce los argumentos que las fundaron.

Sin embargo, explicó que el IDU cuenta con unos recursos tecnológicos que, de ser necesario, permitirían revisar la situación de las redes sin tener que levantar los andenes. “Se trata de unas cámaras de video rodantes. Eso se lo vamos a explicar al contralor. El parte a los ciudadanos es de tranquilidad”.

Este diario intentó comunicarse con Luis Eduardo Montenegro, pero no fue posible. En el Instituto dicen que no saben nada de él.

La polémica llegó a oídos de varios concejales, entre ellos Andrés Camacho Casado, de la U, quien la calificó de “grave”. Por su parte, el cabildante del movimiento MIRA, Andrés Arbeláez, dijo que la presunta orden del alcalde Moreno “mostraría una contradicción abierta frente a lo que él ha manifestado ante las autoridades judiciales.