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Tres nuevos obstáculos se sumaron ayer a la ya larga lista de objeciones presentadas por algunos sectores políticos contra la intención del Gobierno de promover la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), como la única solución para evitar su quiebra en el vertiginoso mercado de las telecomunicaciones en el mundo.
El primero de ellos fue inmediatamente superado en la mañana en el recinto del Concejo. Se refiere al debate jurídico sobre a cuál comisión del cabildo le corresponde la discusión de la iniciativa. Concejales como Fernando Rojas y Wilson Duarte hacían cuentas de que sería la Comisión de Hacienda, presidida por este último, la primera en revisar el proyecto. No obstante, la presidenta de la corporación, María Victoria Vargas, optó por dejar el inicio del trámite en manos de la Comisión de Gobierno que preside Clara Lucía Sandoval, quien a diferencia de Duarte, no está en contra de la venta.
Con agarrón de por medio, Vargas dijo que optaba por la Comisión de Gobierno debido a que, de acuerdo con sus competencias, le corresponden los proyectos relacionados con la participación del Distrito en otras entidades, como es el caso de la ETB.
A esa hora había revuelo también en el Concejo por el segundo gran obstáculo del día para la iniciativa. Se trataba de un supuesto error de forma, consistente en que el Consejo de Gobierno no habría aprobado la solicitud de la propuesta de enajenación de acciones, requisito indispensable para que la idea pudiera ser discutida en el Concejo de Bogotá.
Quienes sostenían dicha tesis aseguraban que el proyecto no podía ser discutido en el Concejo porque sólo había sido aprobado por tres de los doce miembros del Consejo de Gobierno, en una reunión el 28 de abril de este año. Pero Cristina Plazas, alcaldesa ad hoc dijo que durante el encuentro nadie manifestó su desacuerdo con el proyecto y, por el contrario, se ratificó su apoyo el 30 de mayo en un nuevo Consejo de Gobierno.
También ayer el senador Jorge Robledo, a través de su cuenta de Twitter, advirtió que hay una investigación en curso por parte de la Superfinanciera a la ETB por la supuesta manipulación del precio de las acciones por parte de los accionistas privados para su conveniencia. Este tercer problema fue denunciado por el senador, quien insistió: “Que Santos retire su presión indebida para privatizar la ETB, por lo menos hasta que la Superfinanciera aclare si hay delincuentes tras el negocio”.
La alcaldesa Clara López reconoció que el Polo nunca ha estado de acuerdo con la privatización de los activos de la ciudad, pero aseguró que promoverá una ‘deliberación pública’.
De las objeciones del día sólo quedaría en pie la de Robledo, pero no se descarta que, por la dimensión del negocio en ciernes, surjan nuevas dudas en el camino. El Gobierno Nacional sigue convencido de que lo mejor es que el Distrito salga de esas acciones, pero las voces opositoras provenientes de algunos sectores piensan que hay otros caminos, como el plan de salvamento propuesto por Jaime Caicedo, que consiste en que el Distrito inyecte $1,5 billones en los próximos cinco años para hacer más competitiva la empresa. Más allá de las posiciones ideológicas, el cabildo tendrá que evaluar con responsabilidad la idea para, como dijo Cristina Plazas, “decidir lo que más le convenga a la ciudad”.