
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Najeeb al Nauimi es el abogado de Juan Pablo Iragorri, el colombiano condenado a cadena perpetua en Catar por tráfico de drogas. Al Nauimi fue ministro de Justicia de Catar y también defensor de Sadam Husein en la etapa final de su juicio —“aunque sabía que era un proceso montado por EE.UU. y le advertí que lo terminarían ahorcando”, dice—. Actualmente, además del caso de Iragorri, lleva otros procesos emblemáticos en Catar, como el del poeta Muhammad Rashid al-Ajami, que fue condenado a cadena perpetua, pero su sentencia se redujo a 15 años.
En entrevista con El Espectador, Al Nauimi reitera que Iragorri es inocente y que fue usado por autoridades para atraer a otros traficantes y capturarlos en Catar.
¿Cuando Iragorri fue detenido encontraron alguna prueba en su contra?
No. Al señor Irragori lo arrestaron frente a su casa, revisaron su carro y apartamento. No encontraron nada. Ni siquiera una de las personas que fueron a la Corte por el lado de la Policía pudo presentar una evidencia, con la cual uno pudiera decir que el señor Irragori poseía o tratara de vender drogas, o tuviera mucho dinero, u ofreciera o recibiera dinero de alguien sospechoso. Todo esto fue probado ante la Corte por mi parte. Quedó muy claro que no existían pruebas. Sin embargo, ignoraron todo lo que dijo el señor Irragori y todo lo que nosotros probamos.
Una carta enviada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al gobierno de Catar, el 14 de febrero de 2014, dice que Iragorri no habría tenido acceso a un abogado independiente durante los primeros tres meses de su detención. ¿Es cierto?
Sí. Además, durante esos tres meses fue explotado y usado por las unidades de drogas de la Policía, para atraer gente que trajera drogas de Colombia a Catar. Fue usado incluso por la DEA. Le ordenaron a Juan Pablo que, vía mail, les dijera a otras personas en Colombia que había un sheikh que necesitada un envío de drogas hacia Doha. Después de eso, Iragorri sería liberado, pero no fue así. Fue usado para atraer traficantes, cuyos datos le fueron entregados por las autoridades en materia de drogas. Un señor Ben, un americano de la DEA, supervisaba a Juan Pablo para que atrajera dealers de Colombia hacia Catar.
Aclaremos. ¿Irragorri empezó a ser usado para esos fines mientras estaba bajo detención?
Sí, al principio le negaron su derecho a tener un abogado. Fue así hasta que aceptó cooperar con la condición de que lo liberaran, entonces empezó a recibir instrucciones y a ser supervisado por el señor Ben y por el departamento de drogas de Catar. Le dijeron que lo tendrían detenido hasta que capturaran cierta cantidad de traficantes. Luego sería liberado. Durante los primeros meses de la detención las autoridades no informaron a la Embajada colombiana ni a su familia. Luego aceptaron que estaba en prisión.
Mientras era usado de esa manera, todos sabían que era inocente y que no había una prueba de su culpabilidad. Cualquiera que revise su caso encontrará que es una víctima del Departamento de Drogas.
El informe de la ONU también habla de posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la detención de Iragorri…
Fue tratado como cualquier prisionero, no hubo daño, pero se violaron algunos de sus derechos. Por ejemplo, fue obligado a firmar declaraciones que estaban en árabe. Él no hablaba árabe, aunque ahora lo está aprendiendo en prisión. No sabía qué estaba firmando. Fue obligado a firmar con la promesa de que, si lo hacía, sería liberado. Así que firmó sin saber el contenido. Luego, cuando tuvo acceso a un traductor, descubrió que había confesado por cosas que no había hecho. Esa es una clara violación a sus derechos al debido proceso: sin abogado, sin traductor, obligado a firmar sin conocer el contenido de las declaraciones.
¿Cuándo empezó Iragorri a recibir asistencia de la Cancillería colombiana?
Desde el consulado de Abu Dabi lo acompañaron tan pronto se enteraron de su detención. Enviaron apoyo y un traductor para acompañarlo en el proceso. Sabían que no había pruebas de la culpabilidad de Iragorri. Enviaron una nota oficial al gobierno catarí diciendo que no había evidencia, de acuerdo con la información que yo había recogido. Escribí un memorando largo, que realmente probaba la inocencia de Iragorri, luego de los interrogatorios a oficiales de la Policía frente a los jueces. Los jueces de la Corte, sin embargo, tomaron la decisión final. Luego de la decisión los jueces fueron despedidos. No sé por qué.
¿Qué vías legales quedan en este proceso?
No muchas. Ya se apeló la sentencia, pero fue ratificada. La única manera es que se le dé un permiso para salir del país. Es posible repatriarlo si hay permiso del emir de Catar. Es un asunto local, no hay una instancia legal internacional a dónde demandar. Se podría conseguir una condena simbólica de la ONU y su Consejo de Derechos Humanos.
¿Qué puede hacer Colombia?
Se necesita una queja fuerte para que el gobierno catarí reaccione y comience a trabajar en un acuerdo para sacar al señor Iragorri del país. Hay dos formas: una es pedir que él cumpla su sentencia en Colombia. Esto es posible y se puede lograr un acuerdo, Catar ya lo ha hecho con dos detenidos provenientes de Rusia. La otra es que el emir ordene su liberación, acepte que no es culpable y sea trasladado a Colombia sin sentencia.
En Occidente son constantes los informes que cuestionan la protección de derechos humanos en Catar. ¿Cuál es su posición?
En efecto, son frecuentes y claras las violaciones a los derechos humanos en este país. Actualmente, por ejemplo, también estoy defendiendo al poeta Muhammad Rashid al-Ajam, que fue condenado sin razón alguna, sólo por recitar un poema que criticaba el liderazgo catarí, mientras estaba reunido con unos amigos en Egipto. Es un caso similar al de Juan Pablo, en tanto no hay pruebas de su culpabilidad.