Defensa de Sigifredo López pide que se investiguen omisiones del fiscal 38 de derechos humanos

En este sentido el jurista indicó que el fiscal 38 de derechos humanos, Paulo César García, quien fue removido hace tres semanas de este caso, tiene que ser investigado pues fue él quien recolectó estos testimonios y nunca hizo las pruebas de rigor que se le exigían para notar las “múltiples” incongruencias e incoherencias que estos presentaban.

Montenegro aseguró que el fiscal “nunca se detuvo a hacer una crítica testimonial, ni una confirmación minuciosa” de lo dicho por esos cuatro testigos, entre los que se encuentran tres guerrilleros desmovilizados de las Farc y del ELN, así como un vendedor de fruta que trabajaba cerca a la Asamblea del Valle en el momento en el que se registró el secuestro.

Ante esto manifestó que si el fiscal García hubiera sido juicioso en su trabajo, habría notado que entre los mismos testigos se contradecían “y todo eso conllevó a este gran error judicial”.

Igualmente aseguró que cuando el proceso se estaba cayendo después de que el FBI y otros organismos internacionales indicaban que las pruebas como la del video y los registros de audio “eran dudosas” se empeñó en buscar por todas las cárceles del país a personas que quisieran declarar en contra del exdiputado del Valle del Cauca.

Y es que para el jurista, no se entiende el hecho de qué el mismo fiscal se negará en repetidas oportunidades a practicar pruebas solicitadas por la defensa y que en dos o tres oportunidades los dejara literalmente plantados con los testigos.

El abogado señaló que el nuevo fiscal del caso practicó 17 pruebas en estas últimas dos semanas y se entrevistó con esos testigos, quienes con pruebas en mano aseguraron que Sigifredo López no tuvo ninguna participación en el desarrollo ni ejecución del plan para secuestrar a sus 11 compañeros de Asamblea.