Una nueva propuesta

Delitos de vario tipo, todos ellos vueltos, poco a poco, no sólo eje central de la historia de Colombia, sino muestra irrefutable de la poca eficacia de la justicia: desde la toma del Palacio de Justicia a manos del M-19 hasta el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, dos ejemplos perfectos que dejan entrever el común denominador de la no consecución de la verdad o la reparación a las víctimas a través de los años. Dos ejemplos perfectos que demuestran el sangriento impacto de la violencia y la afectación mayor a la sociedad, su memoria, su justicia.

Los retardos en la justicia vieron una salida razonable desde la práctica: declarar algunos de esos delitos como de lesa humanidad para que se volvieran imprescriptibles. Una fórmula usada en muchos de los crímenes cometidos, por ejemplo, en los años 90 por las manos del terrible cartel de Medellín. Sin embargo, esa imprescriptibilidad, pese a sonar positiva, era a la vez una hoja de doble filo: la laxitud para aplicarla, así como la posibilidad de que la justicia, en efecto, nunca llegara, eran las consecuencias que podrían llegar de rebote.

Por eso resulta positivo el estudio que el fiscal Montealegre está haciendo en estos momentos. La directiva que saldrá en las próximas semanas, de su puño y letra, es probablemente la primera gran acción de gobierno interno que la Fiscalía emprenderá: definir claramente cuáles son los criterios para aplicar la figura de la lesa humanidad, a cuáles casos debe ir, cómo deben seguirse las normativas internacionales, entre otras.

Esto es provechoso no sólo por ser algo necesario, sino, sobre todo, porque es el reflejo de lo que un fiscal general de la Nación debe hacer. Éste tiene la misión de investigar crímenes, pero también (y en un mismo nivel de importancia) de generar directrices para aplicar una política criminal definida. Acá Montealegre se anota dos goles: uno de gestión, al presentar una guía para todos sus fiscales, y otro de entendimiento de la realidad judicial y política del país.

Ahora, la pregunta que resta es la siguiente: ¿qué pasa con los delitos que están a punto de prescribir e interesan a toda la Nación? El fiscal parece haber pensado muy bien esta pregunta y tiene una fórmula novedosa: contar la prescripción de manera distinta. No desde la ocurrencia del hecho y por el tiempo que dure la pena contemplada para el delito, sino contar los días desde que alguien empieza a ser investigado. Esto sería como una especie de colchón contra la prescripción, que le haría ganar tiempo a la Rama Judicial para emprender nuevos esfuerzos.

Suena bien, desde el punto de vista práctico. Desde el jurídico, sin embargo, y muy a primera vista, parece una reforma al derecho penal hecha a través de una medida administrativa. El fiscal deberá ser muy sabio en estos momentos y convencer a los escépticos con una argumentación contundente y firme al interior de esa directiva. Dice que la tiene y hay que esperar y verla. Nada menos se espera de un jurista de sus calidades. Sin embargo, podríamos estar ante otra espada de dos filos que genere, por propio efecto secundario, una justicia más lenta, como han opinado algunos expertos.

Al margen de lo anterior, el fiscal Montealegre dará sus primeras batallas dentro de unas pocas semanas. Afinar estos instrumentos y orientar a la Fiscalía —pese a que pueda haber contradictores de las medidas— es, de todas formas, un experimento novedoso que hacía mucha falta en el ente investigador más importante del país.