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Colombia atraviesa un momento histórico en el que debe redefinir, entre muchas cosas, un modelo de desarrollo que responda a los retos del posconflicto, en particular, que permita superar las dinámicas excluyentes del pasado, disminuir las brechas socioeconómicas y bajar el nivel de tensiones sociales. En este contexto, el Pacífico colombiano y, específicamente, Buenaventura deben ser prioridad, pues son uno de los escenarios donde más se evidencian las brechas y tensiones mencionadas. Este territorio, si bien tiene el puerto más importante del país en el Pacífico y maneja más de la mitad de sus actividades portuarias, también cuenta con una población que, en su mayor parte, vive en condiciones de pobreza extrema. Es también allí donde muchos jóvenes, ante la falta de oportunidades, llegan a hacer parte del conflicto armado y de las actividades criminales.
Por: Vladimir Rouvinski / Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico de la Universidad Icesi
La Alianza del Pacífico (AP), a través de la cual Colombia busca fortalecer su presencia —comercial y financiera— en el Pacífico latinoamericano y asiático, es vista como uno de los pocos procesos de integración regional que dan resultados. No sólo por el desempeño económico de los países miembros, sino por el pragmatismo con el que ha evitado las tensiones políticas y/o ideológicas vividas por otros proyectos de integración.
Para que los esfuerzos que buscan una transformación positiva del Pacífico colombiano sean exitosos, es indispensable tener conciencia de las oportunidades y desafíos que para esta parte del territorio nacional involucra el avance de la Alianza del Pacífico.
Debido a su posición geoestratégica, el Pacífico colombiano es uno de los escenarios con mayor potencial en la AP y ha logrado mayor visibilización internacional de su posicionamiento para el futuro desarrollo de la Alianza. Se trata de la construcción de un área de libre circulación de personas (movilidad laboral), impulso al desarrollo económico a través de mejores incentivos para la inversión nacional y extranjera, y la inserción en el Asia Pacífico. Chile, Perú y México, en la reciente cumbre de Puerto Varas, apoyaron el proceso de paz en Colombia y aplaudieron la pronta apertura, for business, de esas zonas del país —como la región del Pacífico— que antes no eran “aptas” para actividades comerciales y financieras debido al conflicto armado. Por ello se esperaría que en el mediano y largo plazo el posconflicto genere un “dividendo” de crecimiento económico y menor desempleo con la llegada de inversión a Buenaventura y sus alrededores.
No obstante, de acuerdo a un reciente estudio de Fescol, hasta ahora el desarrollo portuario y los proyectos de inversión en Buenaventura no han contribuido a la mejora de las condiciones sociales y económicas de la comunidad. De igual manera, la apertura de la región para los proyectos de la AP podrá traer otro tipo de conflictos. Por ejemplo, en cuanto a la libre circulación de personas, enfocada en la movilidad laboral, es importante resaltar que, de acuerdo con estudios económicos, estos procesos tienden a disminuir el poder de contratación de la mano de obra frente al capital, disminuyendo la participación del salario sobre el total de ingresos y contribuyendo así al aumento de la desigualdad. En otro caso, en el Pacífico, Colombia no cuenta con herramientas eficaces de control sobre la explotación de los recursos pesqueros en el alto mar. Sería pertinente, entonces, hacer un llamado urgente para que tomadores de decisiones, actores regionales y locales y la academia unan esfuerzos para asegurar que las políticas de desarrollo en el posconflicto en Buenaventura, que buscan aprovechar los avances de la AP para una transformación positiva de las dinámicas socioeconómicas actuales, realmente logren sus objetivos.