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Argumentando protección de los derechos fundamentales, la Corte Constitucional le dio seis meses de plazo a la Armada Nacional para que retire del territorio indígena de los pueblos Jiw y Nukaven los departamentos de Meta y Guaviare.
Según la decisión del alto tribunal, el Ministerio de la Defensa tendrá que devolverle dicho territorio a las comunidades ancestrales que habitan en el en el área rural denominada como Barrancón, jurisdicción de San José del Guaviare.
La Corte se establece un periodo para que la Unidad de las Fuerzas Especiales e infantería de Marina comiencen los planes de desalojo y de desinstalación de sus puestos militares para devolverle el terreno al pueblo Jiw.
La Corporación solició que ese procedimiento sea vigiliado y acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social y la oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para refugiados.
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