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En defensa de la junta

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Uno de los legados más importantes de la Constitución de 1991 fue la creación de la junta directiva independiente del Banco de la República, con la misión de fijar la políticas cambiaria, monetaria y crediticia.

Un cuarto de siglo después, podemos decir que el resultado ha sido sobresaliente, pues no sólo redujo y controló la inflación, sino le dio credibilidad al marco institucional y defendió el valor del principal activo que tienen los pobres, el cual es, precisamente, el dinero.

Desde el comienzo, la independencia del Banco de la República ha sido muy criticada. Primero, se dice que la junta directiva no es elegida por el pueblo y que, por lo tanto, no debería prevalecer sobre los gobiernos, que sí son elegidos. La respuesta a este interrogante es sencilla, pues fue, precisamente, el poder constituyente, elegido por el mismo pueblo, quien le dio esa atribución a dicha junta. Otro poder constituyente o el Congreso podrían, en el futuro, cambiar este mandato.

Segundo, algunos argumentan que, al darle prelación al control de la inflación, se sacrificó el objetivo de crear empleo a través del financiamiento del gasto público con emisiones. La historia económica de América Latina es prolija en episodios desastrosos de emisiones que condujeron, no sólo a hiperinflaciones, sino también a la perpetuación de gobiernos autocráticos y arbitrarios. La creación de empleos formales estables tiene más que ver con políticas que estimulen la inversión, con la claridad y la estabilidad jurídica, normativa y regulatoria, y con las condiciones para el crecimiento de la productividad, y no con la financiación del déficit fiscal.

Quien no quiera estudiar la historia debería constatar en el presente las consecuencias de las emisiones monetarias de Venezuela, cuya inflación se proyecta en un 700 % para este año. Estas emisiones están creando empleo, pero en Curazao, en Aruba y en Cúcuta, a donde viajan desesperados, y cuando los dejan, miles de venezolanos a gastarse los pocos ahorros que les quedan para poder comprar artículos de primera necesidad.

Finalmente, hay quienes dicen que la independencia del Banco de la República fue un golpe de Estado de la oligarquía financiera internacional neoliberal a la soberanía nacional. Es curioso que quienes hablan de soberanía nacional desconozcan que, en la larga tradición de la política económica colombiana, siempre hubo un manejo cauteloso de la política monetaria, como recuerdo de los nefastos efectos de las emisiones de papel moneda que se hicieron durante la Guerra de los Mil Días.

Pero fue el mismo Simón Bolívar quien, en su Manifiesto de Cartagena, de diciembre de 1812, explicó las nefastas consecuencias de las emisiones monetarias. Para el Libertador, la caída de Venezuela después de la reconquista española se dio por el exagerado gasto público, que “obligó a recurrir al peligroso expediente de establecer el papel moneda, sin otras garantías que las fuerzas y las rentas imaginarias de la confederación. Esta nueva moneda pareció a los ojos de los más, una violación manifiesta del derecho de propiedad, porque se conceptuaban despojados de objetos de intrínseco valor, en cambio de otros cuyo precio era incierto y aun ideal. El papel moneda remató el descontento de los estólidos pueblos internos, que llamaron al comandante de las tropas españolas, para que viniese a librarlos de una moneda que veían con más horror que la servidumbre”.

¿Serán capaces de decir que Bolívar era neoliberal?

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