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Un grupo de profesionales colombianos lanzó hace poco “La Paz Querida” “para contribuir a una nueva ética pública que transforme las relaciones sociales entre nosotros hacia el logro de comportamientos respetuosos de la dignidad, incluyentes, equitativos y abiertos a la reconciliación, y para apoyar la paz negociada y sus inmensas exigencias”.
No cabe duda lo meritorio de la iniciativa y de que la paz negociada tiene exigencias inmensas pues más allá de lograr comportamientos respetuosos, que son impostergables, son necesarias una sociedad, una política y una economía que den cabida a todos los excluidos y no solo a quienes se alzaron en armas contra el Estado.
No es poca cosa. Según el DANE, a nivel nacional, a mayo 2016 de 37.8 millones de personas en edad de trabajar solo 58.2 por ciento estaba ocupada, y de 24.1 millones económicamente activas 8.8 por ciento estaba desempleada y 29.3 por ciento subempleada, es decir 9.2 millones no tenían ingresos o tenían ingresos precarios. A febrero-abril de 2016, en 13 de las ciudades y áreas metropolitanas colombianas, 47.5 por ciento de los ocupados eran informales, es decir no recibían prestaciones sociales.
Mejor dicho, en términos de desarrollar una economía inclusiva, que resuelva semejante deficiencia ocupacional, la tarea es enorme. La economía actual, basada en la producción y exportación de hidrocarburos y carbón, ha sido incapaz de generar ocupación adecuada por qué esa producción es intensiva en capital. Los motores de la economía deberían ser intensivos en mano de obra: agricultura, manufactura y turismo receptivo.
Tal parece ser el entendimiento del Ministro de Hacienda quien hace poco señalaba que: “Nos tenemos que reinventar, con nuevos motores, liderazgo, especialmente en la industria, el turismo, la agricultura, sectores que se van a beneficiar de la devaluación.” Desafortunadamente, no todos parecieran coincidir en ese objetivo. De hecho, el Banco de la República el 22 de junio pasado volvió a aumentar su tasa de referencia en 25 puntos básicos, llevándola a 7.5 por ciento.
La justificación del BR para su nueva alza es que la inflación anual al consumidor, que a mayo fue 8.2 por ciento, ha superado su meta. Según el BR, “aunque estos choques son temporales, la intensidad alcanzada por el fenómeno de El Niño y la magnitud de la devaluación del peso han desviado la inflación y sus expectativas de la meta, y han activado algunos mecanismos de indexación.”
Pero si esos choques son temporales sus consecuencias inflacionarias también lo son. De tal modo, ¿para qué aumentar la tasa de interés? Seguramente para reducir el crédito, la demanda, las importaciones y, con ello, inducir una revaluación cambiaria, no para reducir el crecimiento de los precios si no los precios mismos. Pero eso contradice la esperanza del Ministro de construir una nueva economía que se beneficie de la devaluación y por lo tanto de la nueva estructura de precios.
Y el Ministro tiene razón, la devaluación beneficia a los sectores que producen para exportar o sustituir importaciones, que son los intensivos en mano de obra, mientras que los aumentos de la tasa de interés del BR, que inducen los de las tasas comerciales, los perjudica pues aumenta los costos financieros de la empresas y disminuye su competitividad. Más aún, cada vez que la tasa de interés aumenta, reduce las oportunidades de inversión pues las empresas requieren una mayor rentabilidad en sus nuevos negocios (y en los antiguos) para pagar un mayor costo financiero.
Es decir, la paz querida puede estar muy cerca o muy lejos dependiendo de cuál sea la política económica que prevalezca.