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Necesitamos más Estado

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Hace 200 años, en las vísperas de la Independencia, en el territorio que luego sería Colombia, vivían entre 1,2 y 2 millones de habitantes, sin vías de comunicación y en una de las geografías más accidentadas del continente.

A pesar de las enormes dificultades, se había consolidado un  Estado colonial, que tan solo unas décadas antes había ascendido a la categoría de virreinato (aunque inicialmente fue creado en 1717, el virreinato realmente comenzó a operar en 1739). 

Las guerras de Independencia implicaron la destrucción de ese Estado colonial y, a partir de entonces, comenzó un proceso de construcción de un nuevo Estado que, no es exagerado decir, no ha terminado hasta nuestros días.

Como lo ha ilustrado Eduardo Posada Carbó, en la construcción del nuevo orden nos beneficiamos de una rica capacidad reformista de nuestras instituciones. Aquí se dio un rico constitucionalismo desde los albores de la República, mucho antes de que existieran los partidos tradicionales y, quizá aún más importante, varias de esas reformas fueron fruto de acuerdos políticos y no imposiciones de vencedores después de guerras civiles, como sucedió con las reformas de 1853, 1910 y, por supuesto, la de 1991.

Tenemos una rica tradición institucional y reformista que trasciende la narrativa de nuestra historia como una interminable sucesión de guerras civiles.

Por supuesto que ha habido guerras, pero muchas menos que en otros países del continente y muchas menos que las que argumentan varios de nuestros llamados violentólogos y politólogos. Lo que no quiere decir que nuestras cifras de violencia hayan sido bajas, particularmente desde que varias zonas periféricas de Colombia se tornaron en espacios propicios para los cultivos ilícitos, para el narcotráfico y, más recientemente, para la minería ilegal.

A pesar de que, sorprendentemente, se aceptó el narcotráfico como delito político conexo, no puede caber duda de que este tipo de violencia ha sido más delincuencial y mafiosa que política. Mas que resultado de deficientes diseños constitucionales, nuestra violencia ha sido producto de un Estado lento en entender los drásticos procesos demográficos y de poblamiento del territorio, particularmente en sus zonas periféricas, y también tardo en responder al desafío de las economías ilegales.

En los primeros 100 años de vida independiente, pasamos de unos dos a cinco millones y hoy tenemos unos 46 millones de habitantes. De un país que era eminentemente rural, pasamos a otro en donde predomina la población urbana y a otro en donde crece la población de los adultos mayores, a expensas de los jóvenes y de la población en edad de trabajar, particularmente en varias zonas rurales, en donde el campo se está quedando, literalmente, sin jóvenes.

A pesar de la urbanización y el crecimiento económico, según el último censo agropecuario, aún hoy en día un 50 % de nuestro territorio sigue cubierto por bosques y selvas y, por lo tanto, está caracterizado por fronteras interiores que no cesan de moverse estimulados por las economías ilegales, y que tienen como particularidad un Estado ausente o que llega tarde a imponer el monopolio de la fuerza, la justicia y la tributación.

Habremos dado un gran paso hacia la consolidación de la paz cuando entendamos estos procesos y cuando comprendamos que, más allá de nuevas constituciones o grandes reformas legales, lo que necesitamos es un Estado que cumpla con su real razón de ser en todo el territorio.

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