Vox populi, suprema lex

Pero preguntarle al pueblo, y escuchar lo que responde, genera miedo. Miedo porque a veces lo que resuelve puede ser fruto de la manipulación de demagogos, más que del libre, juicioso y ponderado juicio de la materia. Un ejemplo reciente está a la vista: la decisión del Reino Unido en el Brexit. La mayoría del pueblo votó por salir de la Unión Europea, pero lo hizo a punta de mentiras y exageraciones. Otro tanto podría suceder en Colombia en relación con el proceso de paz. Es necesario tomar los correctivos a tiempo.

De antemano, y para evitar equívocos, advierto que votaré sí al acuerdo final de paz. Es hora de que aprendamos a tramitar pacíficamente nuestras diferencias, por difícil que ello sea. Pero la decisión no deja de entrañar aspectos paradójicos que la Corte Constitucional, en su sabiduría, tendrá que desentrañar. Me refiero a la extraña circunstancia de votar un plebiscito de amplio contenido y cuya forma de concreción jurídica sólo se sabrá luego de controlado el Acto Legislativo para la Paz, tiempo después de escuchada la voz del pueblo. La decisión plebiscitaria más parece un acto de fe, un voto de confianza, y no la conclusión razonada de un pueblo sabio y soberano. El precio de superar la guerra es una reforma a la Constitución que el Congreso definirá mediante trámite expedito y la Corte Constitucional revisará automáticamente y por una sola vez, tal como lo prevé el reciente cambio a la Carta Política.

¿Qué contendrá de fondo la reforma constitucional expedita? De los seis contenidos del preacuerdo, sólo la justicia transicional y la participación política son asuntos espinosos. El tema agrario no requiere, en principio, cambio constitucional por no meterse con el modelo económico. Algo similar sucede con los temas de víctimas e implementación de los acuerdos, que podrían regularse por vía legal. El narcotráfico y la justicia para delitos de lesa humanidad y afines, como lo sabemos, y es parte de la paradoja, son variables externas que no dependen de decisiones de los colombianos. Legalizar unilateralmente el narcotráfico puede significar el ostracismo mundial. No sancionar efectivamente las graves violaciones a derechos humanos puede conllevar decisiones internacionales que anulen incluso reformas constitucionales. El único tema sensible, que puede modificar y afectar permanentemente la vida común, tiene que ver con el régimen político. Ahí radica la principal paradoja.

El pueblo votará, si se da luz verde al plebiscito, por cambiar las reglas del juego político mediante trámite raudo y excepcional, antes de que cambien las mayorías afectas al Gobierno, para darle cabida a una guerrilla (o lo que quede de ella) en el espacio político de por sí estrecho y poco representativo. El nervio más sensible de una comunidad, su régimen político y electoral, sería modificado permanentemente, afectando los intereses de los poderes de facto ya establecidos. De ahí la alarma para algunos que ven peligrar sus bastiones de poder consolidados. La incertidumbre es grande: ¿Cómo deben quedar las reglas de acceso, reparto y control del poder político para que haya finalmente paz en Colombia? Los extremos son distantes: una total reconfiguración —que pasa por los poderes territoriales— con inclusión efectiva o un parto de los montes que dé a luz un ratoncito: una porción del queso para los otrora insurgentes, una alianza de élites, sin mayor modificación estructural. Valdría la pena adelantar mayor debate y deliberación al respecto, más si queremos hacer comprensible la voz del pueblo y respetarla como ley suprema.