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La favorable coyuntura del fin de la guerra con las Farc mediante un acuerdo bilateral, debe servirnos también para avanzar hacia el reconocimiento y reducción de otras violencias mediante acuerdos colectivos. A raíz de algunos hechos recientes, quiero referirme hoy al caso de la violencia sexual en el ámbito académico-laboral.
Hace dos meses, la Universidad de Antioquia desvinculó a un profesor de su facultad de ciencias económicas por acoso sexual comprobado y persistente contra una estudiante de sociología. El mismo docente tenía además una denuncia por violencia intrafamiliar.
A mediados de junio, la Universidad de Los Andes desvinculó también a un reconocido historiador, profesor de su facultad de economía, implicado en un caso de acoso sexual denunciado en abril pasado por una asistente de investigación. La Universidad investigó el caso, garantizando el debido proceso. Finalmente decidió sancionarlo, aunque al divulgar la información habló de “acoso laboral” y no de acoso sexual, que era lo demandado.
Contrasta la actitud decidida y ejemplarizante de las universidades de Antioquia y de Los Andes, con la de algunas de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos. En las de Yale, Columbia y Berkeley, por ejemplo, a pesar de frecuentes denuncias de estudiantes y trabajadoras contra algunos profesores por acoso sexual, no siempre se han tomado las medidas correspondientes. Peor aún: según la información disponible, en el caso del filósofo alemán Thomas Pogge, profesor de ética de las universidades de Columbia y Yale, no sólo no lo han sancionado, sino que inclusive la U. de Yale le ofreció US$ 2.000 a una estudiante de origen hondureño, una de las múltiples afectadas, para que no continuara con sus denuncias y reclamos. Resulta muy preocupante este comportamiento institucional que prioriza el prestigio y los intereses económicos y académicos del docente y las universidades, al reconocimiento y la sanción de hechos consumados de abuso sexual y a sentar precedentes de respeto e igualdad de derechos para todos/as.
Uno no es quién para juzgar o condenar a sus colegas o a las instituciones universitarias. Ni es el momento de moralismos hipócritas. Pero hechos como los anteriores merecen análisis e invitan a tomar posiciones. Los campos del saber y del poder (y del poder del saber) no son ajenos al mundo de los afectos, ni están exentos del deseo y la atracción. Y el amor es capaz de romper creativamente, en cualquier escenario, distancias y diferencias de edad, conocimiento, raza y trayectoria. Pero no puede confundirse la emergencia del afecto, el deseo o el amor consentidos y compartidos, con los intentos de aprovechar el poder o la presunta superioridad jerárquica, académica o económica para imponer a otra persona (cualquiera sea su posición, edad o sexo) conductas o acciones violatorias de su libertad, dignidad e intimidad. Hay líneas rojas de igualdad de derechos, respeto y dignidad que no pueden sobrepasarse en ningún caso. Mucho menos bajo chantajes, intimidación, fuerza o argumentos de tipo: “Usted no sabe quién soy yo”. Y muchísimo menos si el agresor pretende ampararse en la doble moral o la complicidad intencionada de algunas instituciones.
Un fallo reciente de la Corte Constitucional, a raíz de una demanda de una funcionaria de Bogotá, por acoso sexual en el trabajo, definió con claridad: “La violencia contra la mujer, y específicamente el acoso sexual en el ámbito laboral, constituye una forma de violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Si queremos vivir en paz, tanto las personas como las instituciones tenemos que empeñarnos entonces en construir una sociedad igualitaria y garante de derechos. Incluyendo el derecho a la intimidad, al disfrute de la sexualidad y a no ser abusadas o violentados bajo ningún pretexto, en especial los relacionados con las asimetrías de género, autoridad, dinero o prestigio.
Médico social.
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