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En momentos en los que el alcalde Samuel Moreno reconoce que cada mes de atraso en el comienzo de la construcción de Transmilenio por la carrera 7ª le costaría a la ciudad unos $700 millones, y justo cuando el contratista de esos trabajos asegura que obras adicionales del Acueducto, que no se contemplaron originalmente, podrían valer hasta $13 mil millones, son muchas las voces que comienzan a preguntarse ¿cuánto han tenido que pagar los bogotanos por la falta de planeación en algunos de los proyectos que tienen que ver con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), iniciativa bandera del mandatario local? Esa fue la pregunta que lanzaron el jueves en el Concejo varios cabildantes, quienes critican que el alcalde haya adjudicado licitaciones y contratado estudios sin contar, al parecer, con el suficiente rigor, como lo dijo Carlos V. de Roux, del Polo. La lista de inversiones cuestionadas arranca con los $10 mil millones que, aproximadamente, costaron los estudios que hizo la administración del exalcalde Lucho Garzón para la construcción de una troncal tradicional de Transmilenio por la 7ª y que luego fueron desestimados por Moreno. En concepto del concejal Antonio Sanguino, entrarían también en ese ranking los $19.600 millones que pagó el Distrito a la firma Sener-Transporte Metropolitano de Barcelona por los estudios del metro, cuyo contenido fue objetado en buena parte por los validadores del proyecto. Asimismo, la ciudad tuvo que asumir las pérdidas de un paro de transportadores, en marzo de 2010, que duró cuatro días y se realizó en protesta por las condiciones de la licitación del SITP. Según dijeron en su momento los comerciantes, Bogotá dejó de percibir unos US$2,5 millones diarios. Eso sin contar los $300 mil millones que, según informó la Contraloría Distrital en una rendición de cuentas de 2010, sumarían los sobrecostos en la construcción de la Fase III de Transmilenio, que se ha retrasado en varias ocasiones. Para los concejales del MIRA Carlos Guevara y Andrés Arbeláez, los costos del SITP para los ciudadanos son “incalculables” y van más allá de lo económico, pues según ellos la ciudad también ha perdido “en imagen y en confianza”. La preocupación ahora tiene que ver con los $85 mil millones que cuesta el contrato que tiene la Promesa de Sociedad Futura Transmilenio Carrera Séptima. Si la obra se aplaza, ¿cuánto irán a cobrar los contratistas por el perjuicio? El alcalde y el secretario de Movilidad, Fernando Álvarez, declararon ayer que ese consorcio ya está trabajando en las adecuaciones a las vías alternas a la 7ª, pero lo cierto es que si los trabajos se suspenden “podrían entrar a demandar al Estado, pues ellos ya tienen unos derechos contractuales adquiridos”, como lo explicó Arbeláez. Y mientras desde el Gobierno Nacional lanzan salvavidas a la situación de la 7ª (el ministro de Transporte, Germán Cardona, propuso ayer que los buses viejos que por ahí circulan sean reemplazados por modernos articulados de mayor capacidad), en el Concejo cuestionan en qué momento se contrataron tantos recursos sin un eficaz control político: “La corporación se dispersó en detalles, pero no tuvo el músculo para apretar al alcalde”, dijo Carlos V. de Roux. Por su parte, Sanguino pidió a la Procuraduría General que se investigue una posible celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales por parte de la Alcaldía. El debate promete seguir calentándose. Y aunque el alcalde da partes de tranquilidad, para algunos cada vez queda más claro quiénes pagarán los platos rotos.