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Durante los primeros 14 días de cada mes, más de 11 mil adultos mayores de 65 años se levantan antes de que salga el sol y, pese a que sus cuerpos flaquean, ponen en riesgo su salud para ir hasta la notaría más cercana a certificar que siguen vivos. La prueba de supervivencia es el requisito para que ellos puedan reclamar el bono de $80 mil mensuales que les otorga la Secretaría de Integración Social (SDIS).
Lucrecia Caicedo, de 86 años, es una de estas personas. Salió de su casa, en el barrio La Arbolada, a las 5 de la mañana de ayer. Aunque usualmente anda en silla de ruedas, puesto que sufre de trombosis, su pierna izquierda no responde y uno de sus brazos está paralizado, esta vez tuvo que dejarla en casa para poder montarse en un taxi. Agarrada del brazo de su suegra, llegó a la Notaría 58, en la Avenida Caracas con 59 Sur, cuando aún estaba oscuro. Se sentó en una banca, porque no aguantaba el dolor en los pies, mientras su acompañante hacía la fila con más 200 ancianos.
Duró tres horas entumida bajo su ruana, hasta que abrieron las puertas de la notaría y la fila empezó a moverse lentamente. Mientras tanto, otra anciana, llamada Rita Benavides, de 87 años, se esforzaba por subir las escaleras de la Notaría 66, en la calle 69 con carrera primera, para sumarse a una fila de abuelos que, bajo la llovizna, esperaban para ser atendidos.
De no presentar la prueba de supervivencia, se les negaría el acceso a los bonos. Además, otro requisito para recibir la ayuda económica es asistir mensualmente a talleres de desarrollo humano organizados por la SDIS en zonas comunales de sus barrios.
Según Marta Cárdenas, subsecretaria para la vejez de la SDIS, se requiere la presencia física de los ancianos porque, en muchos casos, después de su fallecimiento las familia intenta seguir reclamando el dinero. Y en otros casos, cuando envían personas a recoger el subsidio, entregan menos de lo que reciben o se lo roban.
La mayoría de quienes hacían la fila alegaron que la prueba de supervivencia podría hacerse en el mismo lugar donde se practican las reuniones recreativas cada mes. “Que vaya un funcionario de la notaría o de Integración Social, en vez de que vengamos dos mil viejos a aguantar frío cada tres meses”, dijo Vitalina Culma, otra anciana de 80 años, apoyada en sus muletas.
La subsecretaria para la vejez aseguró que, en efecto, desde junio empezarán a operar 16 huelleros digitales en las subdirecciones de cada localidad y otros cuatro huelleros móviles, con el fin de asistir a los talleres mensuales y registrar la supervivencia de los adultos mayores, ahorrándoles la odisea de acudir a las notarías cada tres meses. Según ella, mil millones de pesos fueron invertidos en este proyecto, que garantizará tanto el derecho a la salud de los adultos mayores, como la seguridad en la entrega de subsidios.
El concejal Felipe Ríos, de Cambio Radical, es quien ha hecho pública la situación de los ancianos que, por obtener ayudas económicas, ponen en riesgo su salud.