Reforma a la justica: ¿Una puerta para que la CPI intervenga?

Esto debido a que, de acuerdo con los autores del texto, de aprobarse la reforma a la justicia, cerca de 2 mil procesos penales quedarían en el limbo y de ahí a pocos pasos de la impunidad, entre ellos, los de los exministros Andrés Felipe Arias, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, y los generales en retiro Lelio, Suarez Tocarruncho y Miguel Maza Márquez.

La manzana de la discordia es el artículo 16 de la reforma, uno de los más cuestionados por los críticos del acto legislativo y que crea las salas de Investigación y Calificación y de Investigación y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia que se encargarían de investigar a los aforados, es decir: ministros, defensor del pueblo, consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, gobernadores, directores de departamentos administrativos, generales, almirantes y embajadores, entre otros. Es decir, se quedarían con una de las funciones que hoy tiene la Fiscalía.

“Esto significa que alrededor de 1.200 procesos contra aforados constitucionales, que fueron delegados por Viviane Morales, tendrán que pasar a la Sala de Investigación y Calificación de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tan solo tres magistrados para primera instancia y otros tres para segunda. En otras palabras, la labor que hoy adelantan 12 fiscales delegados, la tendrán que desarrollar y adelantar tres magistrados (…) Además que la Corte Suprema no cuenta con una planta que pueda investigar todos los procesos”, reza el documento.

El texto denuncia que aún no se han creado las reglas de juego que facilitarían el traslado de los procesos de la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes –la otra entidad habilitada para investigar aforados– a la Sala de Investigación y Calificación. No se sabe cuándo se elegirán los magistrados que conformarán la mencionada Sala ni cómo será el empalme. De aprobarse la reforma a la justicia y sin respuesta para estas preguntas, los procesos quedarían en el limbo y se daría pie para que los acusados soliciten la nulidad de sus procesos.

“Es decir que, ni más ni menos, que acusados como el exministro Andrés Felipe Arias, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, o los congresistas vinculados con la parapolítica, que se encuentran recluidos, podrían presentar un recurso de Habeas Corpus solicitando su libertad, como sucedió con el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, con el argumento de que no se sabe quién es la autoridad que los tiene privados de su libertad y que se les están vulnerando sus derechos”, denuncian los autores del documento.

Éstos, palabras más, palabras menos, dicen que de aprobarse la reforma a la justicia se votaría al traste lo hecho por la Fiscalía en algunos de los casos más sonados e, incluso, se heriría de muerte todo el sistema de investigación consagrado por la ley 906 de 2004. Aunque hoy la defensa de Bernardo Moreno, el abogado Jaime Granados, anunció que “no quiere aprovecharse del debate por la reforma a la justicia” y confirmó que retiró la solicitud de libertad para el exsecretario general de la Presidencia, investigado por su presunta participación en el escándalo de las chuzadas, nadie asegura que esta actitud vaya a ser la excepción y no la regla.

Pero la controversia no cesa allí. Los autores del documento también se fueron lanza en ristre contra el artículo 16 de la reforma en el que reza: “Estos aforados podrán ser privados de la libertad con posterioridad al proferimiento de la resolución de acusación en firma en su contra, salvo que sean aprehendidos en caso de flagrante delito”, lo que los diferenciaría de los demás ciudadanos que pueden ser asegurados después de la imputación de cargos en su contra.

Al respecto, los autores del documento, se preguntan: “¿No se está violando el principio de igualdad al otorgar a los aforados la posibilidad de que esta sólo sea impuesta cuando exista resolución de acusación o al terminar la investigación, a diferencia de lo que ocurre frente al colombiano de a pie? ¿Será que ahora sí se aplicará el adagio popular de que la justicia es para los de ruana? ¿Quién le pondrá la cara a la comunidad internacional por este horror?

El malestar contra la reforma a la justicia crece y el texto que circula por la Fiscalía es apenas una muestra de ello. Además de las iniciativas ciudadanas que están llamando a un referendo para acabar con ella, el domingo se conoció una carta firmada por el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, y el presidente del sindicato de la Rama Judicial, Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, donde se solicita: “Se ordene el inmediato archivo de la Reforma Constitucional a la Justicia, que atenta contra los principios y valores antes enunciados, al igual que a los controles jurídicos de la conducta de los congresistas, que son un activo básico de la democracia y le pertenecen al pueblo colombiano”. La contrarreforma sigue su curso.

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