Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Luis Guillermo Salazar Otero revisará la primera denuncia hecha en contra de 172 congresistas que avalaron en los ocho debates el polémico proyecto.
La denuncia fue radicada el pasado viernes por el presidente de la red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos argumentando que los parlamentarios legislaron para su propio beneficio con la aprobación de dicha reforma constitucional por lo que habrían incurrido en un prevaricato por acción..
«Se deben investigar las presuntas irregularidades criminales en la que incurrieron los parlamentarios, algunos ministros y secretarios», precisó Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías.
En este sentido señaló que los 59 senadores y los 114 representantes a la cámara incurrieron en una «aberración jurídica» al avalar este proyecto «que solamente los beneficia a ellos y a los altos funcionarios».
«Transgredieron los elementos normativos mínimos, de desempeño ética y el reglamento interno», aclaró Bustos al señalar que los congresistas buscaron en el transcurso de este polémico proyecto extorsionar a los magistrados con la ampliación de su periodo.
El abogado denunciante señaló que en los ocho debates adelantados en el Congreso de la República se incurrieron en serias irregularidades como las modificaciones de los principales puntos. «Aquí los congresistas deben ser investigados por tráfico de influencias».
Otras denuncias
Este lunes fueron instauradas cinco denuncias en contra de los congresistas que estuvieron involucrados en la reforma a la justicia, divididas de la siguiente manera: tres ante la Corte Suprema, una ante el Consejo de Estado y otra ante la Procuraduría General.
En una de las denuncias se señala que los congresistas que participaron en la conciliación “modificaron los textos” que venían de Senado y Cámara de la Reforma a la Justicia, proceso en el cual se habrían metido los famosos “micos”.
Por esto se indica que los parlamentarios habrían incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato y fraude procesal.
Mientras que ante el Consejo de Estado se radicó una denuncia en la que pide la pérdida de investidura de los congresistas responsables de la aprobación de la reforma a la Justicia.
Por su parte, se presentó una acción jurídica con el fin de que se investigue disciplinariamente a los congresistas que participaron en este ahora considerado escándalo.
Conoce más