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Esta mañana la Superintendencia de Sociedades anunció la cifra de intervenciones a pirámides ilegales en el país durante 2017. El número de acciones de este tipo que se lograron registrar fue considerable, 210 casos, cifra superior en un 76% al total que se registró en 2016.
“La cifra de intervenciones ordenadas el año pasado es la más alta, desde que se desplomaron las pirámides DMG y DRFE entre 2008 y 2009”, comunicó la superintendencia.
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La entidad además explicó que, de estos 210 casos, 51 corresponden a personas jurídicas, mientras que los 159 restantes fueron personas naturales, por lo que se puede decir que este tipo de esquemas de captación ilegal de los recursos del público usualmente son conformados por personas que realmente actúan bajo su propio nombre.
Con los datos que ofrece este reporte, el consolidado de intervenciones por captación ilícita asciende a los 724 casos en los últimos 9 años.
“Si bien la captación ilícita ha adoptado mecanismos sofisticados como las falsas libranzas y se vale del desarrollo de la Internet y de las redes sociales, todavía subsisten paralelamente las tradicionales pirámides de esquina o de garaje, según casos reportados a la Superintendencia en 2017, especialmente en municipios pequeños o intermedios como Caloto en el Cauca”, explicó la entidad.
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La recomendación a la ciudadanía por parte de esta entidad sigue siendo la misma: abstenerse de invertir en negocios que prometen extraordinarias ganancias que se encuentran fuera de toda lógica del mercado financiero, por ejemplo, retribuciones de más del 100%.
Otro índice de sospecha es que estas ganancias estén relacionadas a vincular más gente al negocio, sin que este utilice la comercialización de un producto o servicio como modo de financiamiento.
“Cabe recordar que la captación ilícita, no solo da pie para la intervención administrativa de la Superintendencia de Sociedades, con embargos de bienes a quienes incurran en esta actividad, sino que también puede dar pie para investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación, que pueden terminar en condenas hasta de 20 años de prisión”, concluyó la entidad.
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