Perdón, reconciliación y convivencia

Para lograr esta transformación, el país necesita comprender la dimensión personal, ética y política que tienen las palabras perdón, reconciliación y convivencia. Estas palabras son usadas de manera indiscriminada en comunicados y discursos oficiales, muchas veces como sinónimos. Incluso, se llega a pensar que son situaciones extensivas a las que llegará la sociedad de manera natural con la firma de los acuerdos de La Habana.

El perdón está en la esfera privada de los individuos: a nadie se le puede obligar perdonar. Por eso hablar de un “perdón colectivo”, como sucedió en Argentina con la llamada “Ley de punto final”, es equivocado y peligroso. Hace más de 30 años terminaron las dictaduras militares y las heridas se mantienen tan recientes como si el régimen de Videla hubiera terminado ayer.

El perdón es tan personal que incluso puede suceder sin que el victimario manifieste su arrepentimiento. Pero esto es una decisión personal; jamás se da por vía jurídica, como se intentó en Argentina, donde una ley decidió que todo el país debía perdonar lo sucedido, pasar la página y seguir adelante. El resultado en el país del sur es una profunda polarización social; la imposición del perdón como un deber colectivo impide la reconciliación.

Ahora, si bien es posible que un proceso de paz propicie situaciones para que los victimarios hagan procesos de reparación con sus víctimas, nada garantiza que la víctima perdone o no al victimario. Sin embargo, sí es posible crear los mecanismos necesarios para que estas situaciones garanticen el acceso a la verdad y a la memoria.

La reconciliación viene después. A diferencia del perdón, esta categoría sí requiere dos actores con plena voluntad para reconocer sus responsabilidades y de paso reconocerse como interlocutores con legitimidad. Cuando hablamos de reconciliación hablamos de grupos sociales e incluso del país como conjunto.

En el marco de la guerra en Colombia la reconciliación involucra a los actores del conflicto, a las víctimas y a la sociedad civil que no fue violentada de manera directa, pero que participa activamente en estos debates (muchas veces de manera más radical que las propias víctimas).

No es posible hablar de reconciliación si estas tres partes no están en disposición de interactuar, lo que no necesariamente implica perdonarse, tal como se mencionó anteriormente. Sin embargo, ejercicios privados y colectivos en los que se promueve la verdad y en donde los victimarios están en disposición de reparar a sus víctimas, contribuye a la reconciliación. Esto no solo demuestra voluntad de las partes en conflicto, sino que da esperanza y otorga legitimidad al proceso de paz. La reconciliación también involucra al Estado, no como juez, sino como parte del conflicto: esto implica que el Estado también debe asumir responsabilidades, reconocer a sus víctimas y estar dispuesto a contribuir con verdad y reparación.

La convivencia viene después; es el escenario que muchos han llamado “posconflicto”, es la capacidad de aprender a vivir en la diferencia sin matarnos y de superar condiciones estructurales que dieron origen a la guerra. En este punto la convivencia se convierte en garantías de no repetición, es el ejercicio cotidiano de la reconciliación.

Para Diana Britto, asesora para la dirección del posconflicto, “la noción de reconciliación está estrechamente ligada con la convivencia y permite el diseño de un horizonte de futuro colectivo”. Sobre este “horizonte” tenemos que centrar la apuesta por los acuerdos con las FARC, de manera que los diálogos de La Habana no se piensen, de manera exclusiva, como el desarme de un grupo armado. Por el contrario, deben representar una oportunidad de perdón, la posibilidad de la reconciliación y la esperanza de construir aquella promesa tardía de ser una nación a través de la convivencia.