Una amenaza en concreto

Las noticias les llegaron pronto. Desde que se anunció el proyecto, a través del Decreto 266 de 2003, saben que esos terrenos, que conforman la cuenca del río Tunjuelo, en el sur de la ciudad, hacen parte de las estrategias del proyecto de expansión urbana del Distrito frente al déficit de vivienda, que desde hace décadas se augura en la ciudad y que se programaron desde el año 2000 en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) bajo el mandato del entonces alcalde Enrique Peñalosa.

Desde entonces, no es la primera vez que le piden a la administración que tenga en cuenta el estudio que proponen sobre un nuevo pacto de borde, que limite el suelo urbano del rural. “Hace más de ocho años venimos pidiendo que se revise el POT”, dice Otilia Cuervo, líder de la comunidad, quien insiste en que desde el año 2006 entregaron a una mesa de concertación su propuesta y nunca fue tenida en cuenta para el diseño de las obras.

Es por eso que hace tres semanas varios miembros de la comunidad, de manera pacífica, bloquearon con su presencia el paso de las volquetas que transportaban los materiales para la construcción de la vía Usminia, que sería la principal de la nueva ciudadela. Ese acto de hecho —resultado de los daños que han ocasionado los vehículos en las viviendas y la carretera— fue suficiente para que los secretarios de Ambiente, Hábitat y Planeación aceptaran empezar un proceso de diálogo con el fin de estudiar la posibilidad de incluir el pacto de bordes propuesto.

Para Francesco Ambrossi, gerente de Metrovivienda, entidad encargada de la construcción, todas los trabajos están de acuerdo con lo establecido en el POT y en el Plan Zonal de Usme. “Tenemos el derecho de hacer las obras y la posición de fuerza de la comunidad tiene un gran costo para la ciudad”. El proyecto urbanístico, considerado por la Secretaría de Hábitat Distrital como el más importante en los próximos 20 años, dispone intervenir 900 hectáreas de la zona, para la construcción de 53 mil viviendas con una inversión aproximada a los $300 mil millones.

Según el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, el Proyecto Nuevo Usme busca anticiparse a la urbanización ilegal en la zona. Cifras de Metrovivienda evidencian que entre 1961 y 2001 se desarrollaron sin los requerimientos legales,  cerca de 6.500 hectáreas en Usme.

El asunto no es sencillo. Mientas el Distrito busca detener la expansión ilegal y ofrecer una solución de vivienda para cerca de 200.000 personas, los campesinos del municipio temen por la pérdida de su territorio y de la identidad cultural. “La comunidad de Usme no se opone al desarrollo de la ciudad, pero creemos que hay otras maneras de integrarse”, dice Alberto Hernández, otro de los voceros de la protesta , quien agrega que aunque en los lineamientos del proyecto se concibe un límite entre el suelo urbano y el rural, este trazo se hizo sin ninguna contribución de sus habitantes.

Aunque las más afectadas con el proyecto, por su cercanía con la zona urbana de Usme, serían El Uval, La Requilina y parte de Corinto, los líderes y habitantes de veredas como Las Margaritas, Chiguaza, Los Arrayanes y Los Soches se unen a las manifestaciones de protesta porque están convencidos de que debe protegerse la comunidad campesina que todavía sobrevive en Bogotá.

Para Diego García, director de Ambiente y Ruralidad de Planeación Distrital, es importante que se tenga en cuenta el pacto de bordes que propone esa colectividad para fomentar la integración de la ruralidad de Bogotá, para atender los conflictos territoriales y para regular los acuerdos público-privados en la gestión y planeación del suelo.

Por otro lado, la comunidad pide que se tenga en cuenta la importancia del cementerio arqueológico, con más de mil vestigios indígenas hallados en los terrenos de la hacienda El Carmen, y que por poco termina sepultado en la masiva construcción. Los lugareños reclaman que el sitio y el territorio aledaño sean declarados como sitio de importancia arqueológica y se hagan los estudios pertinentes.

Durante el primer semestre de 2008 un equipo de antropología, acompañado por este diario, hizo varias excavaciones en el lugar. Allí, en los predios de la hacienda ubicada al borde de la carretera principal que va hacia Usme, se encontró, para sorpresa de los especialistas en el tema, y para los constructores de Metrovivienda —que ya habían empezado los trabajos— una zona de entierros humanos, en donde según Virgilio Becerra, antropólogo que lideró el grupo de investigación, los muiscas se comunicaban con los dioses.

Por el momento acaba de empezar el arduo proceso de negociación, que puede tardar varios meses, entre los representantes de la ruralidad de Usme y la administración. Los campesinos insisten en que su propuesta debe ser aceptada y validada por decreto.

“El territorio ancestral de Usme necesita dignidad y seguridad, no sólo para los campesinos, sino también para las personas que van a llegar de la ciudad. Estamos defendiendo un espacio, una vocación, la tierra, el agua, en últimas, la vida”, dice, emotivo, Héctor Vásquez, otro de los líderes de la comunidad.

Reacciones

Otilia Cuervo

Presidenta de la acción comunal de la vereda La Requilina

“Necesitamos proteger la cultura y la tradición campesina, el medio ambiente y la productividad. Esta zona se tiene que preservar como una reserva de agua y de oxígeno para Bogotá”.

Jaime Beltrán

Líder de la comunidad

“Pedimos que se respete el derecho a la propiedad, al patrimonio cultural y a la soberanía alimentaria, que permitan la conservación de nuestras costumbres”.

Jairo González

Habitante de la vereda La Requilina en Usme

“En el proyecto Nuevo Usme hay muchas irregularidades que deben ser investigadas por los entes de control, lo que están haciendo con nosotros es un desplazamiento”.

Pacto de bordes propuesto por la comunidad