Histórico proceso de restitución en Villavicencio

El Meta fue uno de los departamentos donde el despojo agrario alcanzó niveles escandalosos. Así lo ha venido probando la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura, que documentó un episodio en el que un exmilitante de la Unión Patriótica fue obligado a entregar sus predios a un narcotraficante de la región. Después de 20 años de sucedidos los hechos, que albergan desplazamiento, persecución, despojo y hasta la desaparición de la víctima, el organismo oficial recopiló las pruebas y puso en manos de los jueces agrarios la información por la que solicita declarar nulo el negocio y ordenar la restitución de las tierras a sus legítimos dueños.

El caso refiere al exmilitante de la Unión Patriótica Pedro Velásquez, quien en mayo de 1986, junto a sus hijos, adquirió cuatro lotes en la vereda Servitá, municipio de Villavicencio, por valor de $800.000 cada uno. Cuatro años más tarde, un extraño personaje, de nombre Dago Enrique Rodríguez Bejarano, se presentó ante la familia Velásquez y expresó su deseo por comprar los predios. La respuesta de la familia fue un no rotundo.

Entonces comenzaron las amenazas. Cada tanto aparecían en la finca hombres armados. La situación se volvió tan crítica que el dirigente político tuvo que radicarse en Bogotá con su familia, que desde ese entonces no volvió a ser la misma. Fue tal la presión ejercida por las armas al servicio de Dago Rodríguez, que finalmente Velásquez y una de sus hijas tuvieron que suscribir una escritura pública para trasladar el dominio de sus tierras a Rodríguez Bejarano. Y fue con tal grado de intimidación que hasta se vieron obligados a falsificar la firma de una de las hijas de Velásquez.

Aunque el negocio se cerró en abril de 1991, por $10 millones, en la práctica la familia Velásquez no recibió un solo peso. Sin siquiera sonrojarse, los despojadores protocolizaron los documentos en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio. “En esos años, ser campesino y militante de un partido de izquierda era suficiente razón para ultrajarlo, con el agravante de que no podría denunciar lo ocurrido, porque sería peor para la víctima”, anota uno de los familiares de Velásquez.

El 24 de mayo de 1992, un año y medio después del fraudulento negocio, Pedro Velásquez, quien oficiaba como inspector de Policía del municipio de San Carlos de Guaroa, fue desaparecido. La última noticia que se tuvo de él fue que lo bajaron de un bus en un retén paramilitar entre Villavicencio y San Carlos.

Entre tanto, Dago Rodríguez Bejarano adoptó una decisión estratégica para consolidar el dominio de los predios. Como cada lote tenía una matricula inmobiliaria independiente, procedió a englobar los terrenos y formar una sola unidad que denominó “Villa Dana”. Para darle validez a su actuación, en septiembre de 1999 promovió una escritura pública y matriculó el nuevo bien en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio.

Hasta ese momento todo parecía favorecer a Rodríguez Bejarano. Sin embargo, las autoridades constataron que detrás de sus negocios escondía labores de narcotráfico. Por eso la Policía lo detuvo en 2006. De inmediato el gobierno de Estados Unidos lo solicitó en extradición. El 26 de septiembre de 2007 la Corte Suprema de Justicia conceptuó la procedencia del envío de Dago Rodríguez a una cárcel norteamericana y en noviembre del mismo año la extradición se hizo efectiva.

A partir de entonces, el hijo de Dago Rodríguez, valiéndose de un poder otorgado por su padre, empezó a mover sus fichas. En mayo de 2008 transfirió el dominio de la propiedad a Pablo Ramírez Piñeros a través de una escritura en la que fijó el valor del predio en $50 millones. No obstante sucedió algo más increíble. Dos años después, nuevamente negociaron los terrenos por el mismo valor, pero esta vez Ramírez Piñeros como vendedor y el hijo de Dago Ramírez como comprador.
El caso llegó a la Unidad de Tierras, cuyo director territorial en el Meta, Rubén Darío Revelo, optó por tomar cartas en el tema. Lo primero que hizo fue advertir que el asunto en discusión era un claro episodio de violencia, recordando que el líder y activista de la Unión Patriótica fue desaparecido y que además los negocios respecto a sus propiedades privaron arbitrariamente a sus hijos y su cónyuge del derecho de propiedad que ostentaban.

En consecuencia, Rubén Darío Revelo concluyó que el actual poseedor de los bienes, en calidad de opositor del litigio planteado por la familia Velásquez, tiene la carga de probar la buena fe. Es decir, que Dago Yesid Rodríguez, hijo del extraditado Dago Rodríguez, no obró de buena fe pues sabía que los bienes provenían de una venta fraudulenta.

La petición del director territorial de la Unidad de Tierras al juez agrario es que se declare inexistente la compraventa de los cuatro predios que hoy hacen parte de “Villa Dana”, que se adopte la misma determinación con todos los negocios celebrados con posterioridad por el despojador y que se desenglobe el bien inmueble para que vuelva a ser como era antes. Adicionalmente la Unidad de Tierras solicita que se ordene la restitución de los predios a la familia Velásquez y cancelar todo antecedente de títulos, falsas tradiciones o medidas cautelares que tengan que ver con los lotes y le pide a la Fuerza Pública que acompañe la entrega material del predio.

Sin embargo, el intento de la familia Velásquez por recuperar sus tierras ha sido motivo de nuevas angustias. Desde que el proceso empezó a andar, los hijos de Velásquez han recibido amenazas para que desistan de su pretensión. La Unidad Nacional de Protección ya tiene conocimiento del caso, pero hasta ahora sólo les ha entregado un celular como medida de protección. El proceso ya está en manos de los jueces agrarios y, como advirtió la familia Velásquez, la vida de las víctimas de este despojo está en manos del Estado.