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La Procuraduría General considera que es menester adelantar un debate sobre la legislación en Colombia para delimitar y determinar los llamados crímenes de lesa humanidad en Colombia, al considerar que en el Código Penal no se ha hecho una delimitación clara.
La solicitud se desprende de la negativa de la solicitud presentada por el Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia para que se reabriera la investigación por el asesinato de la dirigente política Gloria Lara, asesinada hace 20 años por la guerrilla de las Farc.
Según la procuradora delegada para asuntos penales, Paula Andrea Ramírez, en la legislación colombiana no existe una diferenciaciación clara entre los delitos de lesa humanidad, como la que existe en los casos de genocidio y un crimen de guerra, puesto que no hay una legislación clara sobre las especificidades establecidas en el Estatuto de Roma.
La procuradora delegada considera que los delitos de lesa humanidad «no se encuentran en ninguna categoría» en el Código Penal de nuestro país, hecho por el cual existe un problema a la hora de establecer qué caso entra en este umbral y cual no.
Este hecho, según expertos en este tema, señalan que llama más la atención si se tiene en cuenta la historia de Colombia y el conflicto armado en el que se ha visto inmersos por más de 50 años de manera ininterrumpida, por lo cual considera que a las tres ramas del poder público les cogió la tarde para establecer términos claros en este tipo de casos.
Vale recordar que el pasado 23 de mayo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el asesinato de Gloria Lara, quien se desempeñaba como directora de Acción Comunal en el Gobierno de Julio César Turbay, no podría ser considerado como de lesa humanidad.
En este caso especifico la funcionaria advirtió que la Procuraduría no lo llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según el alto tribunal pese a que se pudo evidencia que la mujer fue secuestrada, torturada y posteriormente asesinada no se evidencian elementos que puedan llevar a enmarcarlo dentro de una acción sistemática contra un grupo nacional, como lo señala el Estatuto de Roma, para identificar el delito de lesa humanidad.