Lunar en medio de la paz

Cuando conozca el detalle de los acuerdos, los comentaré. Mientras tanto, señalo que es una paradoja que, al tiempo que se revela la emocionante noticia de la firma del fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc, y Carlos Antonio Lozada, uno de sus dirigentes, anuncia que “hoy será el último día de la guerra”, la inmigración del aeropuerto detenga a su llegada de España a Carlos Arturo Velandia, conocido como Felipe Torres, exmiembro de la dirección del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quien pagó una condena de diez años en la cárcel de Itagüí, donde ejerció como mediador entre el Eln y el Gobierno, abandonó ese movimiento, se exilió en España, regresó al país, y hoy es un luchador por la paz.

Según la inmigración, a Velandia le habían dictado orden de captura el 16 de abril por secuestro extorsivo y homicidio agravado, a raíz del plagio masivo ocurrido en la vía Cali-Buenaventura, en septiembre del 2000, cuando él se encontraba preso.

De lo ocurrido con Velandia extraña que siendo él un personaje público, nadie le notificara su orden de captura; que nunca se le hubiera citado a rendir versión libre o indagatoria; que los cargos se le hubieran imputado y no se le hubiera dado la oportunidad de defenderse; que teniendo una orden de captura en contra, saliera del país tranquilamente a principios de junio; y, lo peor, que la Fiscalía, en cabeza del fiscal General encargado Jorge Perdomo, defienda la actuación con el argumento de que en la época en que ocurrieron los hechos Velandia, no obstante que estaba preso y no tuvo nada qué ver con esos delitos, sino más bien intermedió para que el Eln liberara a los secuestrados, era responsable de lo ocurrido, pues se le aplicaba la línea de mando.

La situación la agrava el que, al parecer, también le dictaron orden de captura por los mismos hechos a Pacho Galán, cuyo verdadero nombre es Mario Pieschacón, exmiembro del Eln que igualmente estuvo en la cárcel con Velandia y hoy es, como él, activista por la paz. Hasta el miércoles, cuando escribí esta columna, Pacho continuaba en su casa, sin que nadie lo hubiera notificado, y pensaba presentarse ante la llamada justicia.

Cuando ocurren estas cosas, uno se pregunta: ¿por qué la Fiscalía no se preocupa por evacuar el millón 700 mil expedientes que tiene represados y escoge este caso tan poco evidente y tan dañino para el proceso de paz? ¿Por qué en lugar de dedicarse a repartir contratos a sus amigos y a paralizar el proceso de Saludcoop, por ejemplo, la Fiscalía no investiga más bien ese escándalo que perjudica tanto la salud de los colombianos —así con ello se afecten los intereses del exfiscal Eduardo Montealegre—? ¿Qué garantías pueden tener los exguerrilleros de las Farc, los militares que confiesen delitos y los empresarios que reconozcan haber ayudado a los paramilitares, de que algún juez, el día menos pensado, no los meta a la cárcel? ¿Estará el fiscal encargado actuando con los hígados y no con la justicia? ¿Será por rabia porque el presidente no lo incluyó en la terna para fiscal general, que quiere perjudicar la paz y dificultar aun más de lo que está la apertura de la etapa pública del proceso con el Eln?

Ojalá no sea así, pues, de serlo, sería muy grave para el país y para la conciencia del doctor Perdomo.

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