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Informó la radio esta semana que el pescador Dani Robinson fue atropellado cerca de su casa por un carro de la Armada Nacional. Robinson fue trasladado al hospital provisional de Providencia en donde le dijeron que no lo podían recibir por la gravedad de sus heridas. Fue llevado a San Andrés, pero tardaron en atenderlo por falta de capacidad. El mismo día la prensa publicó la siguiente la noticia: “San Andrés, Providencia y Santa Catalina se han consolidado como el destino más comercializado por las agencias de viajes, como auténtico paraíso”.
Casi dos años después del huracán Iota, los habitantes siguen siendo atendidos en un hospital de campaña. Hay quienes anuncian que se trata de un caso de gran corrupción. El presidente Petro pidió investigaciones y la Procuraduría General de la Nación filtró un informe que documenta cómo las casas entregadas a los residentes damnificados ya presentan fallas estructurales y de planeación. Otro de los hallazgos tiene que ver con los sistemas de saneamiento básico. Algunas viviendas carecen de sistemas y otras tienen sistemas que fallan, “lo que ha ocasionado rebosamiento de los pozos sépticos” de las viviendas.
No estamos, sin embargo, ante un verdadero “hallazgo”. No hay nada en comunicados ni visitas que no supiéramos hace por lo menos un año. Ya en noviembre de 2021, distintos informes habían alertado sobre retrasos evidentes en la reconstrucción, cuyo presupuesto ascendía a 1,2 billones de pesos. “Las páginas web de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, la Gobernación del Archipiélago de San Andrés y la Alcaldía de Providencia, entidades que por ley deben liderar la reconstrucción, no tienen información sobre el avance de los proyectos ni ejecución de recursos públicos, donaciones ni apoyos de cooperación internacional”, expuso entonces Transparencia por Colombia. La entidad también había advertido sobre los problemas en la calidad de las edificaciones (“Hay grandes dudas sobre la calidad de los materiales empleados, pues parte de las viviendas entregadas presentan fisuras y señales de hundimiento”).
No se trata de una sorpresa ni de un escándalo de corrupción en “la isla”. Si todo el mundo sabía lo que sucedía hace meses y nadie en Bogotá hizo nada estamos más bien ante un proceso más arraigado e irreversible. Naomi Klein nos ha contado cómo los huracanes y otros desastres parecidos son explotados por actores privados para hacer plata en la reconstrucción. La “doctrina del shock” deja un legado de grandes ganancias y podría pensarse que, en el caso del Archipiélago, el huracán Iota proporcionó exactamente el impacto que los inversionistas necesitaban para acceder a playas, casas de veraneo y negocios inmobiliarios.
Pero tal vez no se trata solamente de las oportunidades que este capitalismo de desastre representa para que pocos hagan su agosto. Pues todo este proceso tiene que ver también con la forma en que el país andino imagina y gobierna esta región. La mentada reconstrucción hace parte de una historia de racismo y colonialismo más extensa. “El trabajo no ha sido fácil”, se lamentaron varios funcionarios del gobierno anterior que estuvieron al frente de las obras. Hablaron de lo difícil del transporte, la imposibilidad de encontrar materiales de construcción adecuados, los obstáculos que anteponían comunidades organizadas y versadas en sus derechos y sus tierras. Si se juntan tantas declaraciones oficiales parecería como si los funcionarios hubieran llegado a unas islas vacías. No a unas en las que se tiene un conocimiento claro sobre cómo construir (casas, hospitales, colegios, movimientos sociales) y convivir en el Caribe.
La imagen del expresidente Duque atravesando las calles en cuatrimoto, como un turista más, encarna quizás el espíritu de la reconstrucción.
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