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La comisión séptima de la Cámara la semana entrante dará discusión al proyecto que hace obligatoria la práctica de un examen anual a los altos funcionarios del Estado.
La idea es que galenos certificados adelanten un examen “integral anual para el Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros, los Directores de Departamentos Administrativos, los Gobernadores, los Alcaldes y la Cúpula de la Fuerza Pública”.
La ponente del proyecto, la representante Gloria Stella Díaz, explicó que la iniciativa busca “evidenciar alguna patología que afecte la aptitud para ejercer el cargo, como una excepción al secreto profesional”.
Sobre ese punto particular, la legisladora recordó que “la Constitución Política consagra la prevalecía del interés general sobre el particular”.
Sin embargo, el proyecto contempla que únicamente la información clínica que sea inmediatamente conexa con la enfermedad que genera el impedimento sea revelada. “Todos los demás datos seguirán siendo amparados por el secreto médico”, indicó.
“Esta iniciativa se presenta en aras de garantizarle al pueblo colombiano que sus gobernantes están en condiciones de tomar las difíciles decisiones que sus puestos exigen”, indicó.
El informe médico no se crea como vinculante, lo que no deja en mano de ellos la suerte de los mandatarios. Aun así, éste sí se utilizará como un instrumento consultivo por parte de quien sí tiene la potestad de decidir.
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