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No ha dejado el presidente Petro de hacer anuncios sobre su innovadora política de Seguridad Humana: limpieza y desmilitarización de la Policía, consejos de seguridad incluyendo a líderes civiles, órdenes a la inteligencia del Estado de perseguir la corrupción y no a los críticos del Gobierno, negociación de paz con el Eln e invitación al Clan del Golfo y demás redes criminales a que dejen de matar y se sometan; indicaciones al Ejército de proteger la Amazonia, entre muchos otros.
Lo difícil va a ser aterrizar esos anuncios en estrategias, metas y acciones tangibles. Cada declaración presidencial que sube la expectativa de resultados acorta el tiempo de espera para verlos.
Y la situación no da tregua. El Gobierno Duque entrega la delincuencia en pleno reencauche. Las cifras revelan un país que empieza a volver a dar miedo. Las tasas de homicidio llegan a 50 por 100.000 habitantes en las zonas conflictivas. La tendencia a la baja en homicidios que traíamos se quebró y estos se treparon en 2021 a 13.873, para julio de 2022 ya sumábamos 7.790, según las cifras de la Policía. Y un dato escalofriante: de esos asesinatos, 33 víctimas fueron adolescentes y niños.
Entristece especialmente que haya mafiosos matando líderes sociales que construyen país. Las cifras varían, pero las más conservadoras hablan de 573 caídos bajo Duque.
Otra señal de que la sombra del crimen se expande es cuando comienza la extorsión. Aunque es un delito que casi no se denuncia por obvias razones, las cifras policiales revelan el auge. En 2021 se registraron 8.000 casos de extorsión y hasta julio de este año ya se habían denunciado 5.000. Por carta, en persona, por teléfono, por redes sociales, las amenazas de plata o plomo llegan por todos lados. En Barranquilla, donde ha habido más de 100 casos denunciados, hasta fue el defensor del Pueblo a escuchar el clamor de las víctimas.
Un síntoma más crudo aún del riesgo creciente es la multiplicidad de grupos con nombres tenebrosos o estrambóticos. Cada uno es el terror de un lugar: los Shottas en Buenaventura, los Mexicanos en Quibdó, Comando de Frontera en el sur del Cauca, las Autodefensas de la Sierra Nevada y el más mentado Clan del Golfo, una red de narcos de alcurnia y bajo perfil que contrata combos armados en diversos territorios y que, según los expertos, desde el Atrato y el Bajo Cauca ya estira su garra a Norte de Santander y Nariño. A esos se suman los residuos de los que fueron guerrilleros en las desmovilizadas Farc. Estos y aquellos se visten de políticos para disimular que se dedican a acumular poder y riqueza personales y ver qué sacan del Gobierno que llega.
Esa es la amenaza de hoy. El Gobierno Petro tendrá que enfrentarla con una fuerza pública que no lo quiere y una Policía mermada, que si bien salió de malos generales también perdió a muchos que batallaban con conocimiento a la delincuencia. Se requiere, sí, escuchar e incluir a los habitantes de los territorios en los planes de seguridad. Ellos saben debajo de qué piedra se esconde cada jefe criminal. Pero ganarse esa confianza toma tiempo y demostraciones reales. También urge enfocar a la inteligencia a seguir el dinero y la ruta de las armas de estos forajidos, y conducir a unas Fuerzas Armadas sin norte claro desde hace cuatro años.
Si confía demasiado en la paz con el Eln y en someter el Clan, el Gobierno puede enredarse en unas conversaciones que prometen ser elusivas y desgastantes. Se espera demasiado de Petro y la paciencia escaseará pronto.
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