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El juez 43 de conocimiento tendrá que determinar si acepta o no la solicitud de nulidad presentada por la defensa del patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá, Wilmer Antonio Alarcón en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra, registrada el pasado 19 de agosto.
El pasado siete de mayo, el defensor del uniformado solicitó la nulidad de la imputación por el delito de homicidio agravado y medida de aseguramiento contra su cliente asegurando que se le violó el debido proceso, la presunción de inocencia y la dignidad.
En este sentido señaló que la Fiscalía cometió reiteradas irregularidades en la imputación de cargos y en las pruebas presentadas en la audiencia de imputación puesto que no manifestó claramente el delito de homicidio agravado, ni los hechos facticos contra su cliente en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra.
El abogado cuestionó seriamente lo que consideró un “maltrato” procesal en contra de su cliente ante la opinión pública que lo había visto salir de los juzgados de Paloquemao esposado y escoltado por la guardia penitenciaria y carcelaria, además de estimar que el uniformado no tenía por qué haber sido conducido a un centro de reclusión como en el que se encontraba confinado actualmente.
“Corolario de todo lo anterior es deprecarle al juez de conocimiento proceda a decretar la nulidad de la audiencia de formulación de la imputación llevada a cabo el día 8 de febrero del presente año ante la deficitaria adecuación típica por notoria inexistencia de la demostración y fundamentación del ingrediente normativo de la preceptiva referida”, declaró la defensa del patrullero en alusión a que su cliente desconocía que la persona contra quien disparó fuera un menor de edad.
«Cuando se hizo la sustentación de la imputación y medida de aseguramiento el abogado se quedó callado», precisó la representante de la Fiscalía rechazando los argumentos presentados por la defensa del uniformado.
La misma posición presentaron los representantes de la Procuraduría y de la parte civil, quienes catalogaron de «enredada» la argumentación del jurista, señalando que no fue claro en precisar en qué manera se le afectaron los derechos jurídicos a su cliente.
A lo largo de la investigación la defensa de la familia del grafitero ha señalado que se presentaron serias irregularidades por parte de los uniformados que llegaron al lugar de los hechos en la noche del pasado 19 de agosto, cuando Alarcón le anunció por radioteléfono a sus superiores lo que había sucedido.
Días después aparecieron versiones “manipuladas”, según la familia, de que el joven había atracado, junto a sus compañeros, un bus de servicio público, hecho que había sido denunciado por los pasajeros y el conductor del bus a la policía.
En ese acto, se aseguró que al hallar al joven éste le había disparado al patrullero, quien en un acto de defensa le había respondido. Sin embargo, un informe de Medicina Legal pudo demostrar que Diego Felipe Becerra nunca había manipulado un arma de fuego, mientras que un documento registrado por el CTI demostró que la pistola que se encontraba cerca del cuerpo del grafitero no funcionaba.