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De una tragedia humanitaria a otra. Así puede resumirse la historia reciente de Ituango, Antioquia, pues en las últimas tres décadas varios grupos armados ilegales se han disputado el control de esta zona, la cual es clave tanto en la cadena del narcotráfico como en el paso de hombres armados. Con la desaparición de la guerrilla de las Farc en 2017, las disidencias de ese grupo subversivo y el Clan del Golfo se enfrentan desde entonces para ganar poder territorial en la zona, generando el desplazamiento de miles de campesinos, asesinato de líderes sociales y excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz hace cinco años, entre otras graves violaciones de derechos humanos.
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La tragedia más reciente empezó a cuenta gotas en julio de 2021, pues, según cifras de la propia Alcaldía, han sido desplazadas forzadamente más de 5.000 personas, quienes han sido amenazadas por los grupos criminales, temen ser reclutados o ser asesinados. Por este y otros hechos es que el presidente Gustavo Petro y la Comisión de Paz del Congreso decidió que este municipio del norte Antioquia sea priorizado para que se instale el Puesto de Mando Unificado (PMU) por la Vida. Se trata de un plan de choque para proteger la vida de líderes sociales y excombatientes, así como de las comunidades que están en medio de las balas.
El presidente de la Comisión de Paz, el senador Iván Cepeda señaló en el inicio de la instalación del PMU por la Vida que este plan de choque busca “Proteger la vida de quienes han estado en la construcción de la paz en los territorios. El propósito es buscar cuánto antes procesos de diálogo para ponerle punto final a todas las expresiones de violencia y de conflicto armado que azotan al país. Desde Ituango vamos a anunciar una gran cumbre para buscar el alto al fuego en todo el país, y así poder darle ambiente y condiciones a la paz total”. Una labor que será ardua y un reto para este gobierno en municipios como Ituango.
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Entre disidencias y Clan del Golfo
Durante la instalación de ese puesto de mando unificado, al que asistieron el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el del Interior, Alfonso Prada, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, los ituanguinos le hicieron saber al gobierno y a la Comisión de Paz del Congreso cuáles son las principales problemáticas de ese municipio, el cual alberga el controvertido proyecto Hidroituango, a 25 kilómetros de la cabecera municipal. El Espectador estuvo durante el evento y habló con varios habitantes del municipio, quienes denuncian que a tan solo 30 minutos del casco urbano, miembros del Clan del Golfo hacen controles en plena vía pública.
Dos habitantes por separado, y quienes pidieron no revelar su nombre por seguridad, señalaron también que en las veredas donde se han presentado desplazamientos masivos forzados coincide con los lugares en donde se pretenden hacer exploraciones mineras. “Están ‘limpiando’ la zona con el fin de no encontrarse con ninguna oposición. Uno en ocasiones no se da cuenta de donde provienen las amenazas, solo sale por el temor a que lo maten y trata de seguir en los suyo para no ganarse problemas”, le dijo un ituanguino mientras esperaba el arribo del presidente Petro, la Comisión de Paz del Congreso.
Aunque los campesinos del municipio no se atreven a dar nombres, indican que hasta hace poco uno de los principales líderes criminales que hacía presencia en esta zona era alias Cabuyo, jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. Lo que cuentas las fuentes de Ituango da cuenta que la política del Gobierno de Iván Duque de priorizar la captura y muerte de los principales jefes criminales, que también fue la de gobiernos anteriores, a larga termina siendo infructífera, pues rápidamente son remplazados dentro de las organizaciones ilegales.
Esas estructuras ilegales son las que convirtieron a Ituango en el segundo municipio con más excombatientes de las Farc asesinados desque se firmó el Acuerdo de Paz en 2017, según Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia. Y ese riesgo que viven los exFarc lo expresó durante el evento Jamis Valle, antiguo integrante del grupo subversivo nacido en La Granja, el corregimiento de Ituango en donde fue perpetrada una masacre paramilitar (1996) y fue desplazada de manera forzada en julio de 2021.
En diálogo con este diario Valle señaló que una buena parte de sus excompañeros de la guerrilla y que firmaron el Acuerdo de Paz tuvieron que salir de Ituango por el temor de ser asesinados. “Unos se fueron para Mutatá, Antioquia, y otros se fueron a otras zonas del país. Uno sigue aquí demostrando que tenemos el compromiso de cumplir a lo que nos comprometimos. Uno nunca sabe en que momento le puede llegar la muerte a uno, lo único que queda es seguir trabajando”, señaló Valle, quien trabaja en proyectos productivos en la vereda Santa Lucía de Ituango.
Las comunidades señalan que aunque se siguen desplazando familias cada semana, es una tensa calma la que vive el municipio. “La gente también se va del municipio para no morirse de hambre por la falta de presencia del Estado colombiano. Aquí tenemos veredas que están a tres días de camino. Es decir, también puede morirse la gente en medio de ese trayecto y no puede tener asistencia médica, por eso es clave la instalación de centros médicos y vías en nuestro municipio”, dice el profesor Luis Palacios, quien es oriundo del municipio y lleva dos décadas dictando clases de secundaria en Ituango.
Esa tensa calma descrita por los ituanguinos puede ser interrumpida por la llegada a esta zona y a Antioquia de un grupo criminal transnacional: el Tren de Aragua. Se trata de una banda criminal de origen venezonalo que está relacionada con recientes asesinatos en Bogotá y que hace presencia en Barranquilla, Cali y Arauca. Esa alerta la dejó en medio del PMU Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social y que fue ratificada por el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien también está encargado de los acercamientos con el Eln y otros grupos criminales en búsqueda de la “Paz Total”.
Una propuesta, que como ha planteado el Gobierno, tiene que estar acompañada por presencia estatal y que los ituanguinos han reclamado durante décadas. Hoy, Gustavo Petro y su gabinete empieza a dar sus primeros pasos, la cual tiene como primera prioridad evitar que los líderes sociales y excombatientes no sean estigmatizados y asesinados.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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