Carta sobre una columna

El pasado 3 de junio, en el diario El Espectador salió publicada una columna cuya autoría corresponde a Indalecio Dangond Baquero, en la cual se lanzan de manera irresponsable varias afirmaciones en contra de las comunidades étnicas y campesinas del país. Como servidor público, legislador y defensor de derechos humanos, es mi deber señalar el sesgado análisis y desconocimiento del uso de la tierra y los recursos públicos para el desarrollo del agro que alude el columnista en su escrito.
Vamos en orden. En primer lugar, el señor Dangond afirma que la minga agraria es un chantaje al Gobierno con el fin de obtener subsidios, los cuales no deben ser otorgados sino a “aquellos productores del campo que verdaderamente desean gestionar de forma profesional y empresarial sus explotaciones”, es decir, para los empresarios, no para los campesinos ni comunidades étnicas. Al respecto, vale la pena decir que son las comunidades campesinas las que abastecen en no menos del 50 % la canasta básica alimentaria del país, de acuerdo con sesudas investigaciones de autores como Jaime Forero.

De igual manera, asume una posición ideológica de defensa acérrima de la producción empresarial del campo, que nubla su análisis y lo lleva a confundir eficiencia con rentabilidad. La gran empresa en el agro no es eficiente, como lo demuestran autores como Albert Berry en investigaciones de larga tradición, y más recientemente autores como Binswanger y Lipton, para solo mencionar algunos. Esto precisamente lo demuestran las cifras y sustenta las movilizaciones campesinas y étnicas: si no tienen carreteras, asistencia técnica y no tienen subsidios; y aún en tales circunstancias producen cerca del 50 % de los alimentos que consumimos en el mercado interno, ¿cómo sería si tuvieran estos apoyos estatales? Eso es ser eficiente, mas no rentable, por eso los indicadores de pobreza en estas poblaciones son las que revelan la peor situación.

¿Quiénes son ineficientes, pero sí rentables? El sector agroindustrial de gran plantación. Y esto no lo afirmo yo, se pueden consultar las memorias y grabaciones del evento del 10 de agosto del año 2015, en el debate sobre el informe de la Misión Rural y las recomendaciones de la OCDE, donde el señor Jens Mesa Dishington (Fedepalma) afirmó que si les suprimían los subsidios al sector (tal y como recomienda la OCDE), simplemente eran inviables financieramente. La pobre expositora de las recomendaciones de la OCDE se salvó de que el sector empresarial le lanzara tomates en su presentación, aunque no faltaron los murmullos.

El columnista refiere 84.000 millones que fueron dados desde la minga de 2014, ¿se cuestiona acaso el columnista en qué se invirtieron estos recursos?, ¿cuánto representan a nivel per cápita y cuánto del total pactado? No. Simplemente asume que estos recursos como los que se solicitan (que no son nuevos, sino que cumplan lo pactado) son mermelada y así confunde un requerimiento social con un concepto que ha hecho carrera en pago de favores políticos o corrupción.

¿Cuántos recursos se han girado a sectores de gran plantación como la caña de azúcar, palma aceitera y el sector ganadero? ¿A dónde va a parar la rentabilidad con ineficiencia? Para comprender estas preguntas, y solo a forma de ejemplo, es recomendable que el señor Dangond lea algunas de las columnas de otro escritor de este diario, el profesor Salomón Kalmanovitz, a propósito del costo social de la protección arancelaria y subsidios otorgados en el marco de la política de agrocombustibles.

En segundo lugar, el columnista Dangond afirma: “Un dato importante. Según el censo agropecuario, estos grupos étnicos tienen adjudicadas 39,8 millones de hectáreas del territorio nacional, pero solo cosechan 639.000 hectáreas. Como dice el refrán, “Ni rajan, ni prestan el hacha”. En tal afirmación no se acusa sesgo o mala fe, al parecer es simple ignorancia. Una ignorancia que es del mismo talante de la del exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, cuando afirmaba que las comunidades afrocolombianas e indígenas de Colombia eran los mayores terratenientes del país.

En efecto, 39,8 millones de hectáreas están reconocidas bajo la figura de territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas, pero el 95 % de este espacio territorial traslapa con zonas de reserva forestal, parques nacionales naturales y otras áreas protegidas, es decir, los indígenas y las comunidades negras intentan cuidar nuestras selvas, la biodiversidad, y simplemente son respetuosos de la Ley, pues saben que en estas tierras no pueden realizar actividades agropecuarias. Sería bueno que columnistas y otros personajes que siguen cayendo en la tesis del exministro Arias, primero hagan un cruce de las capas de los territorios colectivos de comunidades indígenas y negras con las capas de vocación y uso del suelo, para entender cuánta tierra en realidad tienen a disposición para trabajar. Si no poseen estas capas de mapas, las pueden solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Por último, dice el autor en el mismo párrafo de la anterior cita: “También es incomprensible que estas organizaciones sociales estén solicitando a la Corte Constitucional declarar inexequible la ley que creó las Zonas de Inversión para el Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), porque según ellos, los baldíos sólo deben ser explotados por ellos” (sic.)

No es incomprensible, tal y como pareciera lamentarse el columnista. No. Es un deber como ciudadano demandar leyes inconstitucionales e inconvenientes en materia económica y social. Y hablo como ciudadano coautor de la demanda a la Ley 1776 de 2016 que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zidres). Y es que, en efecto, la Constitución de 1991, el desarrollo de la Ley 160 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional disponen que las tierras baldías deben servir para el acceso progresivo de la propiedad de la tierra y el territorio a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. Así que no es incomprensible, es coherente.

Lo que sí resulta incomprensible es que aún haya posiciones que defiendan la entrega de la tierra a empresarios y terratenientes del campo en uno de los países con el índice de Gini de concentración de la tierra más grande del mundo, y que pretendan seguir con la feria de los baldíos para seguir detentando poder político y ganancias especulativas. Si se necesita más referencia de esta tradición de usurpación, concentración, legalización, solo recomiendo leer un texto, que contiene el rigor científico que merece un nuevo momento de movilización social en el sector rural: “Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950”, de Catherine Legrand. Con tal nivel de injusticia e incumplimiento histórico del Estado a las necesidades de las comunidades étnicas y campesinas, es más que comprensible que exista movilización social. La respuesta estatal debería ser cumplir los compromisos y las normas, y no matar a aquellos que se toman las vías de hecho como única alternativa a sus reclamos.

Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por Bogotá.