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Han pasado casi cuatro meses desde que se prendieron las alertas en todo el país por los presuntos hechos de corrupción que rodearon la compra de 40 carrotanques para La Guajira en un negocio liderado por la cúpula de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El caso, que comenzó con supuestos sobrecostos en la adquisición de los vehículos, ya es hoy el escándalo de corrupción más grande hasta ahora conocido desde que arrancó la administración Petro, pues sus protagonistas apuntaron el dedo contra fichas de confianza del Gobierno actual y los presidentes del Congreso. Sin embargo, pese a las acusaciones, en el ámbito judicial las autoridades trabajan en sigilo para concretar qué tan profunda fue la filtración de hechos corruptos en el alto Gobierno.
La primera entidad en consolidar un informe con claves del proceso fue la Procuraduría. En un documento de 108 páginas, el Ministerio Público le formuló cargos a Olmedo López, exdirector de la Unidad, Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres. La decisión significa que los exfuncionarios tendrán que ir a juicio disciplinario, pues la Procuraduría tiene pruebas que le permiten afirmar que los tres habrían cometido una falta gravísima, a título de dolo, cuando firmaron el negocio para la compra de los 40 carrotanques en 2023. Pese a ser el primer documento oficial para entender los alcances de caso, es poco lo que la Procuraduría logró avanzar en este expediente.
Por una razón esencial: el Ministerio Público solo llamó a juicio a los exfuncionarios por el caso de los sobrecostos de los vehículos para La Guajira. Si bien se trata del episodio que desató el escándalo, la investigación ya tiene tintes de una historia mucho más grave, pues, según la versión de López y Pinilla, en el esquema de corrupción habrían participado Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, e Iván Name, presidente del Senado. Además, ya hay otros nombres vinculados, como el de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, y Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Los cuatro han negado rotundamente cualquier participación en el caso y varios ya han dado sus declaraciones en la Corte Suprema de Justicia.
La teoría que han planteado Olmedo López y Sneyder Pinilla, sin ningún sustento ni prueba por ahora, es que el dinero de los sobrecostos en el negocio de los carrotanques sirvió para pagar a los congresistas, quienes, dicen, prometieron apoyar las reformas del gobierno Petro. Según la investigación de la Procuraduría, el contrato costó $46.800 millones, a pesar de que cada vehículo tenía un sobrecosto de más de $412 millones. Es decir, la UNGRD pagó un extra de $16.509 millones, cifra completamente innecesaria. Lo que sostiene el pliego de cargos es que López, Pinilla y Meza participaron del entramado sabiendo que había algo ilegal, “en una afrenta al patrimonio público y al interés general”. Los exfuncionarios ahora irán a juicio disciplinario, mientras en el terreno de lo penal libran otra batalla.
Desde hace un mes, López y Pinilla han protagonizado un episodio dentro de esta historia en el que han tratado de negociar beneficios con la Fiscalía, a cambio de que no los investigue (principio de oportunidad). En un comienzo, explicaron que no hablarían si no tenían protección, lo que llevó a que el ente investigador ordenara un esquema de seguridad para ambos. Con los escoltas a bordo, ambos dieron entrevistas en las que reiteraron sus señalamientos contra los congresistas y funcionarios del Gobierno, pero tampoco entregaron pruebas. Entre tanto, la Fiscalía en total sigilo sigue investigando por su cuenta los alcances de las versiones de López y Pinilla. Fuentes cercanas al búnker señalaron que el trabajo se ha concentrado en seguirle la pista al dinero de los supuestos sobornos.
Mientras tanto, los dos exfuncionarios han dicho que devolverán el dinero desviado de la UNGRD, pero todavía no ha aparecido ni un peso. Bajo la defensa y recomendaciones de sus abogados, José Luis Moreno, y su medio hermano, Luis Gustavo Moreno, exfiscal condenado por corrupción en el escándalo conocido como el cartel de la toga, López y Pinilla están a la espera de lo que resuelva la Fiscalía con su negociación. El búnker sabe que la decisión que tome es crucial, no solo porque sería la primera gran decisión para la fiscal Luz Adriana Camargo, sino porque se trata de un caso de corrupción que toca al alto Gobierno. Por esa razón, los fiscales trabajan en sigilo y ya tienen en sus manos pruebas y testimonios para consolidar el expediente que oficialmente darían a conocer en dos semanas.
Lo último que entró a estudio en el búnker es una petición del empresario Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, quien estuvo en primera fila en la desviación ilegal del dinero de los sobrecostos de los carrotanques. Lo que López le habría pedido a la Fiscalía es que deje por fuera de la investigación a su esposa e hija, representantes legales de otras dos empresas que participaron en este negocio. A cambio, estaría dispuesto a contarles todo lo que sabe del esquema de corrupción. La Fiscalía ya está estudiando la propuesta que, para muchos, le saca ventaja a Olmedo López y a Sneyder Pinilla, quienes esta semana se llevaron un jalón de orejas del búnker por las entrevistas en varios medios de comunicación, mientras que, al parecer, a los investigadores no les han entregado ninguna prueba de sus declaraciones.
Además del llamado de atención, el miércoles pasado la Corte Suprema ordenó el traslado de Olmedo López a sus despachos, luego de que el exfuncionario no cumpliera con una cita que había decretado el 24 de mayo. Aunque su abogado aseguró que se trataba de un traslado irregular, lo cierto es que el alto tribunal sí podía ordenarlo, pues el testigo no cumplió con una citación oficial. De esa manera, López llegó a la Corte, pero guardó silencio. En medio de estas movidas, las próximas semanas serán claves, no solo porque arrancará el juicio en la Procuraduría, sino porque la Fiscalía se alista a concretar el rumbo que tomará la investigación. En ellos se espera que el búnker aclare cuál es el valor real de las versiones de López y Pinilla y otro asunto clave: quiénes serán los primeros en darle la cara a la justicia.
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