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A dos semanas de instalarse los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las Farc, en Oslo (Noruega), el optimismo de que se pueda alcanzar a corto plazo un primer acuerdo para cesar la guerra tiene una razón: la guerrilla quiere incursionar en el debate político y electoral. Para hacerlo, además de sortear obstáculos jurídicos, debe aportar gestos de paz. La idea es que en marzo de 2013, un año antes de elecciones a las corporaciones legislativas, se hayan dado las condiciones para que algunos miembros de la insurgencia puedan participar.
Aunque las condiciones hoy son distintas a las que en otro momento permitieron que la guerrilla hiciera parte del movimiento político Unión Patriótica, esta ha sido desde siempre una aspiración de las Farc. Basta recordar el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia que también intentaron consolidar en los tiempos del proceso de paz con Andrés Pastrana. Sólo que ahora es más difícil y el asunto pasa por la disolución de estructuras armadas, la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y ciertas condiciones judiciales.
Obviamente, en el caso de que se materialice la opción, al Estado también le tocaría ceder. Lo principal en tal caso, siempre pensando en no repetir los errores del pasado, es que no ocurra un episodio como el exterminio de la Unión Patriótica. Eso implica brindar garantías a la insurgencia para su participación en las contiendas electorales, con reglas claras de juego en materia jurídica. Y, lo más importante, pero también lo que genera más controversia pública, que la seguridad de sus cuadros quede en sus propias manos.
Es ahí donde la justicia entraría a jugar un papel determinante o donde tendrían que buscarse iniciativas como el perdón presidencial que esta semana planteó el representante a la Cámara Jorge Enrique Rozo. Es cierto que esta figura corresponde a una práctica estadounidense, pero podría ser una salida. No obstante, en un Estado reglado como el colombiano, el escenario idóneo para permitirlo sería el Congreso. En tal caso, vuelve a surgir la ineludible ley estatutaria que reglamentaría el Marco Legal para la Paz.
El otro dilema inmediato es el narcotráfico. Así las Farc insistan en que nada tienen que ver con ese ilícito negocio, las autoridades de Colombia y Estados Unidos llevan mucho tiempo documentando la manera en que la guerrilla se ha involucrado en esta actividad. De hecho, a principios de 2010, cuando fue abatido el jefe del frente 48, alias Édgar Tovar, el entonces director de la Policía y ahora integrante del equipo negociador del Gobierno, el general (r) Óscar Naranjo, reportó que las Farc tenían alianzas con bandas criminales.
“Su sistema de secretariado terminó por asumir un modelo decisional típico de la subcultura mafiosa”, recalcó en su momento el alto oficial. Un comentario que resume lo que terminó pasando con algunos frentes de las Farc en Guainía, Guaviare, Cauca, Nariño, Valle, Putumayo y la región de Urabá, donde algunos jefes guerrilleros terminaron compartiendo utilidades con las bandas del narcotráfico. Hoy, si se quiere avanzar hacia la paz, las Farc tienen que renunciar a esta actividad como primer paso para no terminar en extradición.
En tiempos del Caguán, las Farc alcanzaron a proponerle al Estado un plan para la sustitución y erradicación de cultivos de coca. La idea era crear comités coordinadores en los municipios, con participación de las juntas de acción comunal y las instituciones locales, para cambiar las plantaciones ilegales por otros productos. El proyecto, que nunca se realizó, incluía la asesoría de agrónomos para establecer cuáles serían los nuevos cultivos, con inversionistas nacionales y extranjeros dispuestos a financiar el programa piloto de las Farc.
Esta idea nunca se concretó, pero ahora podría recuperarse, sobre todo si se tiene en cuenta que la máxima preocupación al momento de encarar una nueva mesa de diálogos es que seguramente habrá sectores de las Farc que no estén dispuestos a dejar las armas y prefieran continuar en la ilegalidad, esta vez fortaleciendo a las bandas criminales. Por eso, el Estado sabe que hay zonas críticas en las que, más que la política, cabe la confrontación. Incluso, cada vez es más claro que el narcotráfico ha permeado sus estructuras armadas.
En síntesis, a escasos días de que vuelvan a sentarse a conversar voceros del Gobierno y la guerrilla, aunque ya se sabe que empezarán por debates conceptuales sobre la reforma agraria y la superación de la pobreza, hay aspectos que resultan ineludibles si se quiere que realmente se abra paso la negociación política para acabar con la guerra. Las Farc quieren entrar a la política, pero eso tiene un precio. El Estado quiere que rompan con el narcotráfico, y eso también cuesta. Y así sucesivamente, todos tendrán que poner algo para llegar verdaderamente a la reconciliación.
Eln busca llegar a la misma mesa con las Farc
“El Eln considera como lo más acertado para el proceso de paz la mesa única de la insurgencia. Y debemos esforzarnos para que así sea. Esto requiere niveles de unidad y estamos caminando para lograrlo (…) Confiamos en que más adelante el proceso que ahora se inicia por separado pueda confluir en una misma mesa”.
Con estas consideraciones el máximo comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, se pronunció sobre los diálogos de paz que comenzarán en dos semanas entre el Gobierno y las Farc en Oslo (Noruega). Tales comentarios fueron formulados al medio de comunicación argentino Marcha.
El Espectador conoció que en el transcurso de esta semana se dará a conocer una declaración conjunta en la que se expresa el interés del Eln y las Farc por trabajar mancomunadamente en una mesa de negociación. La idea es recoger la agenda elena en materia de soberanía, recursos naturales y convención nacional.