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Por supuesto, rechazamos este acto de violencia. Afortunadamente, el susto fue mayor que el impacto: el artefacto fue desactivado a tiempo por Héctor Fernández, quien por accidente lo encontró en la garganta de luz del teatro Gran Rex, situado en la calle Corrientes.
A juicio de Néstor Rodríguez, encargado de prensa de la Policía Federal, “el teléfono celular (el artefacto en cuestión) estaba provisto con una batería de 9 voltios y cables unipolares. Tenía una carga con dos bombas de estruendo de dos pulgadas, que contenían unos 50 gramos de pólvora negra cada una”. Dicho en cristiano, el aparato no tenía una capacidad letal. Iba a impactar, eso sí, justo cuando al expresidente colombiano le llegara su turno de hablar.
No nos cansaremos de decirlo: para protestar no se necesitan explosivos. Esa no es la forma adecuada de hacerlo. Por lo tanto, las voces de protesta que la semana pasada se levantaron en contra del atentado que sufrió Fernando Londoño, en Bogotá, deben levantarse en este caso también, con todo y que las proporciones de los dos ataques no sean comparables.
El problema de fondo, sin embargo, es mucho más amplio: ¿en qué momento el brazo criminal colombiano llegó casi al fin del continente? Ya se han hecho algunos análisis y se han destacado ciertos datos: por ejemplo, que el 29 de julio del año 2008, en el estacionamiento del Unicenter Mall de Buenos Aires, fueron muertos a tiros Héctor Édilson Duque, alias Monoteto, y Alexánder Quintero, ambos delincuentes colombianos. Y así la lista se extiende: las redes criminales colombianas se están esparciendo por la República de la Argentina.
Es importante entonces dejar de pensar en hechos aislados y comenzar a preguntarse por esa red criminal que se expande. Por estar mirando a la vecina Venezuela (a veces con razón, a veces con demasiada paranoia), nos hemos descuidado de los alcances tan grandes a nivel geográfico que tienen estas redes criminales. Todo, a nuestro juicio, como consecuencia de la desagregación de las Auc, que se reflejó luego en el ingreso de la guerrilla de las Farc, las bandas criminales reducto del paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia común. Esto, en conjunto con una política migratoria altamente flexible, generó un caldo de cultivo que hoy tiene resultados adversos.
Argentina ya no es sólo un hermoso destino turístico y cultural para los colombianos. Lamentablemente, para quienes nos deshonran como compatriotas, es también un lugar para delinquir: 130 colombianos han sido detenidos en Buenos Aires por conductas delictivas. Es una cifra que sorprende y que preocupa.
Los medios argentinos (que hasta ahora empiezan a hablar de la “colombianización del país”), así como su gobierno, se han demorado en reaccionar. Pero sorprende sobre todo el silencio colombiano. El cómplice silencio que permite que esto pase a muchísimos kilómetros de distancia y todo parezca casual. El lamentable intento de atacar al expresidente Uribe, esté o no relacionado con esta “exportación criminal”, es una buena oportunidad para fijarse más en ella, porque si existe un país en toda América que sea amable con los colombianos, ése es Argentina.