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En Colombia los plebiscitos han sido usados para resolver los conflictos entre el establecimiento.
El plebiscito de 1957 buscaba cerrar el conflicto político que habían generado La Violencia y la dictadura, cuyos orígenes se remontaban al enfrentamiento feroz de Laureano Gómez contra el reformismo modernizante de Alfonso López Pumarejo, por entre el cual se coló el fenómeno populista de Jorge Eliécer Gaitán. Con el plebiscito Laureano Gómez y el Partido Conservador lograron igualarse con el Partido Liberal que era de mayor tamaño. El plebiscito implicó un gran cambio constitucional, cuyo carácter antidemocrático se justificó por la superioridad del derecho a la paz, y por un cálculo pragmático de recurrir al único mecanismo realista para resolver la situación. El Frente Nacional inmunizó al país durante medio siglo de la epidemia de autoritarismo militarista y de populismo que afectó al resto de América Latina.
El plebiscito de 2016 busca resolver el conflicto político generado por el intento de cerrar el conflicto armado. Es, en el fondo, un mecanismo para corregir el daño colateral del plebiscito del 57, que al ceder la democracia para satisfacer a los sectores autoritarios, excluyó a la izquierda democrática y permitió el nacimiento de la izquierda violenta, lo que produjo la misma cantidad de muertos que La Violencia y se prolongó cinco veces más.
No debería ser necesario un plebiscito para legalizar un acuerdo de paz después de 50 años de guerra. Sin embargo, como en el 57, no parece haber otra fórmula para resolver el creciente enfrentamiento político alrededor del tema. Buena parte del escepticismo de la opinión pública frente a la negociación con las Farc cederá una vez se haga realidad la dejación de las armas. Pero un sector minoritario e influyente permanecerá opuesto, cuestionando la legitimidad del acuerdo. Parecería que solo un triunfo del Sí podría dirimir la confrontación, así sea con un umbral especial, pues exige una votación superior a la que obtuvo Óscar Iván Zuluaga para ganar la primera vuelta presidencial (3’759.912).
Desafortunadamente no parece haber otra fórmula para resolver el diferendo porque ya se dejó pasar la oportunidad de que los sectores enfrentados se sentaran a unificar una posición frente al enemigo común que son las Farc. El hecho de que la oposición al proceso lleve tres años insistiendo en condiciones que todo colombiano sabe no son viables para lograr un acuerdo, y que rompen el acuerdo social tácito de que a las guerrillas se les podía aceptar la participación política a cambio de que dejaran las armas, pero no la “revolución por acuerdo”, hace pensar que las diferencias no son sobre los términos del acuerdo, sino sobre la terminación del conflicto, que perciben como el único medio de evitar la llegada de la izquierda al poder.
Existe el riesgo de que la resistencia civil sea un desacato anticipado de la decisión que tomen las mayorías en el plebiscito, para tratar de mantener vigencia política ante la realidad de que la bandera de la paz reemplazó a la de la guerra en la agenda nacional. Y que ello signifique el regreso a la polarización extrema de los años 40, en que los sectores autoritarios despreciaban los conductos democráticos para mantener o conseguir el poder.