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Hace ocho días, decenas de representantes de la comunidad muisca chibcha de Cundinamarca y Boyacá llegaron hasta las oficinas de Parques Nacionales Naturales en Bogotá. En medio de una movilización pacífica, llamaban la atención sobre un tema que desde hace meses los inquieta y los ha llevado a organizarse: la laguna de Iguaque.
En 2020, todas las áreas protegidas abiertas al ecoturismo ―entre esas el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque― cerraron en el marco de la emergencia sanitaria, mientras todos permanecíamos en casa. En principio, campesinos y comunidades autorreconocidas como pueblo muisca chibcha, que viven cerca de la laguna, consideraron el cierre como una buena noticia. “Sería un espacio de descanso y recuperación del ecosistema”, pensaron. Pero en poco tiempo el alivio se convirtió en preocupación. Mientras el parque había estado cerrado por la pandemia se adelantaron obras que, según ellos, no fueron concertadas con las comunidades y que afectan tanto al ecosistema como a sus derechos y creencias.
Caminos de madera, pasamanos, escaleras, bancos de madera y una plataforma sobre la laguna son algunas de las obras que fueron instaladas en el santuario. La obra de mayor tamaño, una plataforma al borde de la laguna, fue construida sobre una roca que para el pueblo muisca chibcha es de carácter ceremonial. Allí, explican, llegaban a hacer sus pagamentos y a entregar sus pensamientos a la madre Bachué, la laguna sagrada desde donde, según su cosmovisión, se originó la humanidad. Llegar a ella era una travesía de horas entre las montañas, el bosque altoandino y el páramo con los pies descalzos, en un proceso de recogimiento y contemplación. Ahora, al llegar, se encuentran con un bloque de casi 14 metros cuadrados de madera.
Según Parques Nacionales, a pesar del cierre, como entidad pública les correspondía dar continuidad pública a las funciones de administración y manejo del área protegida. Aseguran que las adecuaciones de infraestructura eran necesarias y se hicieron en el marco del “Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE)”, un instrumento formulado entre 2018 y 2019 que busca “ordenar y planificar el desarrollo de las actividades ecoturísticas” en el santuario y que fue socializado en varias ocasiones con algunos pobladores de Chíquiza, Villa de Leyva y Sáchica.
“La intención de la plataforma, que se realizó en infraestructura liviana, es precisamente proteger y conservar esa zona adyacente, para que los visitantes no generen una presión sobre el borde de la laguna, para evitar el pisoteo de plantas y problemas de compactación del suelo, así como para limitar el paso de los visitantes exclusivamente por los senderos”, asegura Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales. Según indica, la mayoría de visitantes de la zona son jóvenes y niños de colegio, por lo que “se tenían que adecuar las condiciones para esta visita”.
Pero las comunidades insisten en que conocieron el proyecto y las obras que se iban a hacer hasta que ya estuvieron instaladas. “Parques violó la confianza de los pueblos. No consultaron a las comunidades, y las obras las hicieron a nuestras espaldas”, asegura uno de los líderes campesinos de la zona. Las obras fueron el resultado de un convenio suscrito entre el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y Parques Nacionales Naturales, con una inversión de más de $1.500 millones.
Las obras destaparon otros problemas
La laguna de Iguaque se ha considerado sagrada desde tiempos prehispánicos. Es parte de la historia indígena del altiplano cundiboyacense, pero también de las comunidades campesinas. En los tiempos de sequía, los campesinos creían que la “laguna estaba brava” y subían a llevarle piedras para que “hiciera llover”. Algunos, incluso, contaban que veían tres aros de oro en el centro de la laguna, producto de los rituales y pagamentos que le llevaron los antepasados muiscas. Le tenían respeto, por lo que intentaban no acercarse mucho. Según Jarro, esa tradición histórica y cultural en el territorio es la que se convierte, precisamente, en uno de los objetivos de conservación del SFF de Iguaque, creado en 1977.
Pero las obras y adecuaciones en el santuario dejaron al descubierto otras áreas grises en la zona que llevan años sin resolverse. Una de esas es la presencia de familias campesinas dentro del área protegida (una esena que se repite a lo largo y ancho del país).
Aunque en Colombia las comunidades indígenas y negras tienen disposiciones legales y reglamentarias que les permiten usar, ocupar y tener tierra en áreas protegidas, no ha ocurrido lo mismo con la población campesina. Por el contrario, la presencia campesina en áreas protegidas ha sido considerada, desde la creación del Sistema de Parques Nacionales Naturales, como un factor generador de conflictos, pues sus actividades son “incopatibles” con el régimen jurídico que protege estas áreas.
Marcos, campesino de la zona, nació en una vereda de San Pedro de Iguaque en la década de los 60. Sin embargo, en el 77, tras la delimitación del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, su finca quedó dentro del área protegida. Desde entonces ha tenido limitaciones para cultivar y trabajar su tierra, regar sus cultivos, solicitar préstamos en el banco y hasta arreglar su casa. Al estar dentro del parque, no puede acceder a proyectos productivos ni formalizar la tenencia de su tierra (por más escrituras que haya guardado). Tampoco puede recibir atención integral del Estado que le permita mejorar su calidad de vida.
“Llevaba años viviendo en una casa de bahareque que parecía más una ratonera. Se metían los animales y no era un lugar digno. Pero al estar dentro del área del parque no podía construir otra casa ni restaurarla. Fueron más de seis años de proceso para poder hacerle algunas adecuaciones, pero Parques no autorizaba. ¿Por qué, entonces, ellos sí pueden hacer las obras que quieran sin consultarnos, mientras nuestros derechos son irrespetados?”, cuenta.
“Lo más injusto es que a nosotros nos prohibían todo, mientras ellos estaban haciendo su sendero que va a beneficiar a otros municipios. Me siento maltratado por la gente de Parques, porque ellos no piden permiso, pero a la gente sí le dicen que está prohibido y que si lo hacen pueden ir a la cárcel”, afirma Campo Elías, otro habitante de la zona. “Nosotros no estamos dañando. Tratamos de trabajar y seguir cuidando lo que históricamente hemos cuidado”.
Parte de los retos del nuevo gobierno será atender esta a exigencia que, en los últimos años, ha ganado espacio en los debates y las movilizaciones desde la Amazonia hasta la Guajira: que la conservación de ecosistemas importantes no vaya en contravía con la garantía de derechos humanos de quienes habitan los Parques Nacionales Naturales. Sobre todo, en un país que busca seguir posicionándose a nivel turístico.
Según cifras del DANE de 2018, el turismo ha sido una de las actividades económicas de mayor dinamismo en el país durante los últimos años, y se presenta como la tercera generadora de divisas después del petróleo y el carbón. Entre los mayores potenciales están el turismo de naturaleza y la biodiversidad de Colombia.
En los últimos años, Parques ha implementado un Programa de Fortalecimiento del Ecoturismo, con una inversión de más de $50 mil millones para realizar mejoras en las áreas protegidas. En su último rendimiento de cuentas informó que, de ocho parques abiertos en 2020, pasaron a ser 23 en 2022. Y que las visitas también van en aumento. En 2021 se registraron más de 1’070.000 visitas, es decir, 110 % más que en años anteriores y, para mayo de este año, ya habíamos alcanzado la mitad de las visitas del año anterior.
Pero ese fortalecimiento del ecoturismo también ha traído incertidumbre. Hace un año, el anuncio de un proyecto de glamping y otras obras de senderos e infraestructura en el Parque Nacional Natural Chingaza generaron preocupación. Líderes ambientales y periodistas cuestionaron que la información del proyecto final no fuera compartida ni publicada en la página web de Parques, considerándolo como una “falta de transparencia”. Mientras tanto, las obras y las construcciones seguían adelantándose. Un caso similar al de Iguaque.
“Creo que seguramente hay que lograr un mayor proceso de divulgación y de sensibilización que reduzca estas situaciones. Que la información sea suficientemente amplia para que todos sepan el porqué de las intervenciones y la importancia que tienen en el marco del ordenamiento de esta actividad”, reconoció Carolina Jarro. Al momento, añadió, hay más de 20 parques naturales en los que cuentan con inversiones en infraestructura.
Reconocimiento a comunidades indígenas
Como explica Parques Nacionales, en el país, “el Ministerio del Interior es el que certifica la presencia de grupos étnicos en las áreas protegidas”. En este caso, asegura Jarro, “nosotros tenemos certificación de que no hay presencia de grupos étnicos en el SFF de Iguaque, pues no hay información oficial del Mininterior que diga que allí hay constituidos resguardos o que es un territorio de uso para alguna comunidad”, explica. Por eso no se realizó consulta previa sobre las obras.
Actualmente, en el país, hay registradas comunidades muiscas en Suba, Bosa, Chía, Cota y Sesquilé. Aunque el pueblo muisca chibcha de Boyacá ha trabajado para lograr visibilidad y reconocimiento ante los gobiernos local, departamental y nacional, aún no ha logrado el registro por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Sin embargo, la Alcaldía de Tunja ha garantizado la posesión del gobernador del Cabildo Mayor Muisca Chibcha de Boyacá, de manera ininterrumpida, desde 2010. Y sus dirigentes han sido invitados a participar de la política social departamental y en procesos de formulación y adopción de políticas públicas para comunidades étnicas en el departamento.
Xieguazinsa Ingativá Neusa, gobernador indígena, recuerda que la Corte Constitucional ha manifestado en otras ocasiones que una comunidad es susceptible de ser considerada como indígena cuando se autorreconoce como comunidad étnica y culturalmente diversa, es descendiente de habitantes de la América precolombina, tiene una conexión con un territorio en donde desarrolla su vida en comunidad y tiene instituciones, costumbres y comportamientos colectivos distintivos y específicos. “Restringir los medios probatorios de estas características únicamente a las certificaciones que provengan del Estado desconoce de forma absoluta la autonomía de los pueblos indígenas”, manifestó la Corte en la Sentencia T-792 de 2012. Por eso esperan que la atención que están recibiendo en este momento por las obras en Iguaque permita tramitar sus solicitudes de mejor manera y ser reconocidos por el Ministerio del Interior.
“Sabemos que es parte de lo ancestral y cultural, y de nuestro origen en la zona Andina. Con gusto nosotros podemos generar los espacios con el ministerio del Interior y las comunidades, y hacer todo lo que sea necesario para, en términos de lo que se determine, garantizar también esta protección”, asegura Jarro.
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El miércoles pasado, en el coliseo de San Pedro de Iguaque, en Chíquiza, las comunidades campesinas e indígenas de la zona convocaron a una audiencia pública para abordar el tema de las construcciones y adecuaciones en el santuario. Pese a que manifiestan haber convocado a la Contraloría, Procuraduría, Defensoría y Parques Nacionales, ninguna de las entidades estuvo presente para atender las sus inquietudes.
El ministerio de Ambiente, en cambio, envió como delegado a Klaus Schutze quien, ante la ausencia de Parques Nacionales, se comprometió a escalar las inquietudes ante el ministerio y el Sistema Nacional Ambiental.
Entre los participantes, se acordó convocar a una “mesa de concertación” con carácter vinculante, en la que participen los ministerios de Ambiente, del Interior, de Turismo, de Cultura y Agricultura, así como funcionarios de Parques Nacionales y las comunidades involucradas para encontrar una solución conjunta a la problemática. Asimismo, quedó la promesa de realizar una audiencia pública sobre el tema en el Senado.
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