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El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció la creación de un comité especial para atender de manera oportuna las denuncias por amenazas contra dirigentes políticos y evitar que se presenten hechos lamentables como el que se registró el martes contra el exministro Fernando Londoño y que dejó como saldo la muerte de dos de sus escoltas.
«Se estableció la conveniencia de tener un grupo de trabajo que investigue las amenazas que han venido surgiendo y las denuncias que se han presentado en casos como el del Alcalde de Bogotá y la exsenadora Córdoba«, dijo Pinzón al señalar que los esquemas de seguridad de los dos políticos será reforzados.
El jefe de la cartera de la Defensa explicó que hasta el momento estas amenazas no tienen conexión con el ataque a Londoño, sin embargo prefirió ser prudente y esperar a que las investigaciones arrojen evidencia concreta sobre los autores materiales de estas intimidaciones.
«Se busca establecer si hay una conexión, sin embargo es apresurado determinarlo. Aún no tenemos certeza de quienes son los responsables de las amenazas y mucho menos de los autores intelectuales del atentado«, puntualizó.
Este miércoles, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, manifestó que su esquema de seguridad tuvo que ser reforzado ante las constantes amenazas que se han intensificado en los últimos meses.
Por su parte, la exsenadora Piedad Córdoba, mediadora ante las Farc para la liberación de secuestrados, ha denunciado constantes amenazas contra su vida, por lo que en los últimos días exigió al Gobierno garantías y protección.
Según Córdoba, se ha establecido que quienes quieren atentar contra su vida han destinado para ello «mucho dinero».
Las amenazas se intensificaron los pasados lunes y martes, a través de panfletos y llamadas.
La exlegisladora Córdoba también advirtió que tiene los nombres de quienes ejecutarían el atentado contra ella y que la información será entregada a las autoridades.
Precisamente, colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz solicitó una audiencia con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, para denunciar las amenazas.
Según Córdoba, esas intimidaciones provienen de «los mismos que han asesinado a cientos de defensores de derechos humanos y a quienes están reclamando sus tierras: el paramilitarismo (que) no se ha acabado en Colombia».
El gobierno tomó la decisión de reforzar los esquemas de protección de la familia de Álvaro Gómez Hurtado y de los congresistas Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez Martínez.
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