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Argumentando que podría ponerse en riesgo la reserva, integridad y custodia de los casi 1.000 “importantísimos” expedientes que cursan en la entidad, en los cuales se investiga cómo se perdieron cuantiosos recursos estatales y la responsabilidad de altos funcionarios, los fiscales de la Unidad Anticorrupción le pidieron al jefe del organismo, Eduardo Montealegre, que no los traslade a un edificio ubicado en la carrera 33 con calle 18, en el centro de Bogotá.
En la carta de tres páginas, conocida por este diario, los fiscales le advierten a Montealegre que investigaciones como las irregularidades en Incoder, Transmilenio, Foncolpuertos, Cajanal, Ecopetrol, Inurbe, Probolsa, Floricultores y Telecom; el caso de Mapiripán; las falsas desmovilizaciones del frente Cacica La Gaitana de las Farc y del bloque Cacique Nutibara de los ‘paras’, o episodios de corrupción en Montes de María (Bolívar) podrían quedar en riesgo ya que la nueva sede de la unidad no cuenta con las medidas de seguridad necesarias.
En la misiva, el coordinador de seguridad de la Unidad Anticorrupción, William Alberto Gómez, concluyó que las condiciones del edificio Manuel Gaona no son las adecuadas. Muchos de los despachos de los fiscales quedarían en un piso con numeroso acceso de público, “lo que impide garantizar la seguridad de los expedientes, sumado a los niveles de ruido que genera la concurrencia multitudinaria a diario”. Además, se quejan de que las oficinas no están diseñadas apropiadamente en cuanto “no existe privacidad”.
Los 80 funcionarios de la Unidad Anticorrupción mencionaron en la carta que para ellos “no se previó una infraestructura hidrosanitaria adecuada, pues tan sólo se cuenta con cinco unidades sanitarias en un solo cuarto de baño”. Y añadieron: “Nuestra unidad carga aproximadamente 100 toneladas de peso, que de acuerdo con la estructura de la sede que nos ha sido asignada no soportaría dicho peso y volumen”. También se lamentaron de que el edificio Manuel Gaona no tenga parqueaderos, “exponiendo a los servidores al uso del transporte público”.
Por estas razones le pidieron al fiscal Montealegre que los deje despachar desde su sede actual, ubicada en la carrera 13 con calle 73, al norte de Bogotá. Un lugar en el que, según ellos, desde hace años han venido administrando justicia con total tranquilidad y eficacia contra “los delincuentes de cuello blanco”. El fiscal general había previsto el traslado de la unidad para asignar en ese edificio la Unidad de Protección a Testigos. Por ahora estudia la petición.
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