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Las fotos que lo atestiguan son verdaderamente devastadoras: calles derruidas, vestigios de antiguas construcciones, paredes peladas, piezas que no embonan unas con otras. Pero más que todo, se puede evidenciar el abandono. El inclemente paso, no sólo del invierno que arrasó el pueblo entero, sino también del tiempo: ese año largo en el que el Estado no ha actuado apropiadamente para darles una respuesta satisfactoria a sus antiguos pobladores.
El 17 de diciembre de 2010 se ordenó la evacuación total del casco urbano y de algunas áreas rurales de Gramalote, con el fin de evitar la tragedia que allí ocasionaría el invierno en proporciones probablemente muy grandes. En este punto de la historia hay ya una falla: la de previsibilidad, encarnada en la ausencia de medidas preventivas tanto de infraestructura como de preservación geológica y del medio ambiente, y que es, en una gran parte, la que permite la ocurrencia de las tragedias que están relacionadas con las constantes y previsibles olas invernales que azotan a Colombia.
Los habitantes, en fin, fueron desalojados y puestos en distintos albergues, mientras varias entidades del Gobierno, en conjunto con organizaciones del sector privado, deliberaban sobre el mejor destino que podían tener estas personas una vez por fuera de su tierra. No sobra decir que en las regiones de Colombia el apego a la tierra es una cuestión de suma importancia; en algunas ocasiones podría argumentarse que se asemeja al respeto que se tiene por lo sagrado, lo sacramental.
Pese a esto, los habitantes del antiguo Gramalote lucían esperanzados: el Gobierno se comprometió a que éste sería el primer municipio en Colombia en aplicar el Proyecto Integral de Desarrollo Urbano, y los estudios que se hicieron en su momento —realizados por la firma privada Fundación Servicio de Vivienda Popular, junto con Ingeominas— mostraron que el futuro de los gramaloteros era prometedor, ya que el sector elegido, el de Pomarroso, era uno con acceso a fuentes de agua, menor afectación ambiental, mayor interconectividad regional, entre otras muchas ventajas.
Beatriz Uribe, entonces ministra de Medio Ambiente y Vivienda, avaló los estudios. Esto sucedió el 25 de octubre del año pasado. En estos meses y hasta el día de hoy, la gente del antiguo Gramalote se ha dedicado a esperar. Pero no de cualquier forma: en los albergues, sin acceso a agua potable, tratando de desvencijar (con el riesgo que esto implica) algunas de las antiguas casas para extraer materiales para su venta posterior.
¿Qué ocurrió con la propuesta del Gobierno? ¿Dónde están los actos que secunden esas bellas palabras y estudios que se presentaron hace más de siete meses? El entrante ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, pretende hacer nuevas cuentas sobre el presupuesto disponible para esta población que espera, y merece, una respuesta inmediata.
No es posible que una política pública de emergencia, como es la del caso, se demore tanto tiempo en ejecutarse. Ni que tanto tiempo después se venga a establecer que el proyecto inicial resulta demasiado costoso. Primer bache en el camino para el ministro estrella de Juan Manuel Santos y su nueva política, ya que, a la par de su ambiciosa idea de una vivienda digna y gratuita para “los más pobres de los pobres”, esta población de Gramalote sufre desde hace demasiado tiempo la pérdida de su pueblo. Si en este caso particular ha sido imposible hacer realidad los anuncios grandilocuentes, razones no faltan a quienes se muestran hoy escépticos de que el de las viviendas gratis cumpla sus metas al momento de pasar del discurso a la ejecución.
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