Abren proceso de responsabilidad fiscal contra exministro Andrés Gallego

Según Izáciga, los contratos ni siquiera tuvieron un acta de inicio, requisito básico en cualquier trámite. Así las cosas, explicó el funcionario, se comprometieron recursos públicos por 7.800 millones de pesos. «Encontramos que el contrato del RUNT arrancó sin lo básico de cualquier contrato estatal, un acta de inicio. Es lo primero que tiene que ocurrir en una actividad contractual, cualquiera que sea. El RUNT fue autorizado por el ministro de la época para que arrancara sin este requisito. Al no tener ese requisito durante 6 meses tuvo una operación por una cifra de recaudo de 7.820 millones de pesos sin respaldo, ya que no tenía el requisito esencial de ley, el acta de inicio», aseguró.

«Para poder arrancar en un contrato se necesitan unos requisitos mínimos, eso es lo que se verifica al inicio del contrato. En ese caso no se dio esa verificación. El país sabe y conoce las consecuencias de que en el RUNT no se siga de manera rigurosa el cumplimento de los requisitos que la ley exige para operar un contrato de esta naturaleza», agregó.

El funcionario también hizo énfasis en las múltiples irregularidades del RUNT, que terminó siendo un caos para los colombianos. «No es un secreto para el país que hay unas debilidades enormes en el desarrollo del RUNT. Hemos encontrado licencias fraudulentas, licencias sin los requisitos, conductores que han sido sancionados en varias ocasiones, que tienen el pase 2 o 3 veces, invidentes con licencias de conducción y falsedades de licencias de conducción que son inscritas en el sistema. Son muchas las operaciones que afectan a los ciudadanos colombianos de manera permanente por el RUNT».

Y hubo más hallazgos. «Pudimos evidenciar una serie de irregularidades en la toma de información que iba a ser cargada al Runt. Pudimos evidenciar directamente con funcionarios del Ministerio de Transporte que decían que habían centros que estaban cerrados en el momento en que estaban subiendo información al RUNT. Hay que acordarse de que la ley exige que haya médicos, terapeutas y una serie de profesionales que respalden esas operaciones. Al estar cerrado un local comercial donde se dicen que se están desarrollando, pues lógicamente podemos evidenciar las falsedades que se estaban alimentando al sistema de manera permanente«.

Ahora bien, la Contraloría dejó claro quiénes deben asumir la responsabilidad una vez adelantadas sus pesquisas. «Frente a este hallazgo de 7.820 millones de pesos están como presuntos responsables el ministro de la época, Andrés Uriel Gallego,  los supervisores del contrato, los interventores y, por supuesto, los concesionarios del RUNT, quienes recaudaron los recursos de 7820 millones de pesos».

En 2010, a través de una auditoría, la Contraloría General de la República emitió concepto «con observaciones» sobre la gestión del Ministerio de Transporte en relación con el proceso de implementación del Registro Único Nacional de Transporte (RUNT).

En un informe, determinó que hubo una inadecuada planeación en la implementación del RUNT, al no realizar las pruebas que era necesario adelantar con los involucrados (organismos de tránsito, concesionarios de vehículos, la DIAN y la Registraduría Nacional del Estado Civil). Esta situación generó traumatismos y deficiencias en los niveles de servicio.

La Contraloría estableció 25 hallazgos administrativos, de los cuales 9 tienen presunta connotación disciplinaria y fueron trasladados inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación y la Oficina de Control Disciplinario del Ministerio de Transporte.

En noviembre de 2009, el contralor General, Julio Cesar Turbay Quintero, había advertido sobre las posibles demandas a que se exponía el Estado por las fallas del RUNT y consideró que la situación se podía agravar, pues los errores continuaron y serían cuantiosas la demandas que se interpongan por los perjuicios sufridos por los usuarios del sistema.