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Aunque en los pasillos de la Casa de Nariño se habla con resignación sobre el futuro inmediato de varias de las reformas que el presidente Gustavo Petro quiso impulsar en el Congreso, y si acaso le dan más espacio al optimismo con lo que pueda suceder con la pensional, la falta de maniobrabilidad política en la que está enfrascándose el Gobierno por cuenta del accionar discursivo del propio Ejecutivo tiene a no pocas voces del entorno íntimo del jefe de Estado hablando de una especie de “encrucijada en el alma”.
La razón es que la presión popular que buscó imponer desde el mismo 7 de agosto de 2022 cuando se posesionó en Colombia el primer mandatario de izquierda pura durante una ceremonia cargada de símbolos –que marcó la ruta de lo que el país ha visto durante estos 665 días de administración que hasta este domingo lleva Petro–, no está teniendo los resultados esperados. El Capitolio, igual de sacudido que el Ejecutivo por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se niega una y otra vez a darle el sí definitivo a los proyectos que impulsa la Presidencia.
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Por eso, cuando en esta semana le pusieron al mandatario sobre su escritorio la argumentación jurídica de por qué no hay otra vía para citar a una Asamblea Nacional Constituyente que no sea la que establece el artículo 376 de la Constitución de 1991, que él mismo ha declarado que fue junto al M-19 uno de sus padres y que ahora quiere modificar, el relato sobre la tormenta que se desató por esa posibilidad comenzó sutilmente a cambiar.
Aunque las personas más cercanas al presidente Petro niegan una y otra vez que asuntos como la reelección o la extensión del mandato presidencial estén en la agenda del Ejecutivo –pese a que hasta se analizó la viabilidad de un referendo–, lo cierto es que en los círculos políticos que rodean al jefe de Estado el tema sí se ha ventilado. La sola declaración de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, asegurando que si bien el mandatario no es el que quiere, sino el pueblo que lo apoya el que le pide que continúe en el poder más allá del 2026, lo demostró.
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Y luego la del representante David Racero, también del Pacto Histórico, en torno a que más que la reelección le suena la idea de extender el periodo de Petro por al menos dos años fue otra señal. Es un cuadro de relato político similar al que el país ya vio en 2005 cuando se echó a andar el proyecto reeleccionista del entonces presidente Álvaro Uribe, quien, precisamente, habló de una “encrucijada en el alma” por su continuidad en la Casa de Nariño por otros cuatro años y que por poco logra estirar a tres periodos consecutivos en el principal cargo de elección popular en Colombia.
Fuentes en el alto Gobierno y en los círculos de izquierda y sociales que apoyan a Petro le confirmaron a El Espectador que sobre el tema no hay posiciones definidas, por lo que, pese a la insistencia del propio jefe de Estado en que no está interesado en reelegirse, el debate interno sobre el asunto se mantiene vigente y muy vivo. “A mí, personalmente, no me interesa para nada la reelección”, dijo este 28 de mayo el mandatario, pero no aclaró qué pasaría si es su entorno el que se lo pide, como pasó coincidencialmente en la administración uribista a la que tanto se opuso como congresista.
Las citas y las narrativas
Estas tres escenas, la de Zuleta, Racero y el trino de Petro, se registraron entre lunes y miércoles de esta semana y tuvieron de contexto, el 27 de mayo, precisamente una de las tradicionales citas del autodenominado comité político que suele reunirse en la Casa de Nariño.
Allí, en ese encuentro, no se habló de reelección ni de extensión del mandato, pero sí se tocó el ruido político que se desató por la posibilidad de que se cite a una asamblea constituyente y que, como se vio a lo largo de la semana, terminó estancando asuntos claves como la reforma a la educación que quedó frenada en la Comisión Primera del Senado.
Y ese mismo día, pero en horas de la tarde, se presentó un diálogo entre el presidente y el excanciller Álvaro Leyva, otro personaje del entorno del mandatario que levantó polvareda por ser el artífice –como lo reveló este diario– de la idea de denunciar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al Estado colombiano por el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas Farc; y de paso, fue quien le añadió la “sutileza” de que la expresión “acuerdo nacional” que está en una de las más de 300 páginas que salieron del pacto de La Habana serviría de excusa para, precisamente, hablar de procesos constituyentes que podrían incluir otros temas.
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No es claro si en la charla de ese lunes Petro y Leyva hablaron de nuevo del tema, pero la sola posibilidad de abrir un debate de este tamaño generó que –con todas las salvedades y bemoles ideológicos del caso– los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, César Gaviria, Iván Duque y Ernesto Samper coincidieran en que esa no es una vía. De hecho, el primero de ellos, quien además es nobel de paz y artífice del Acuerdo de 2016, fue más duro: “Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución, cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder Legislativo, con el poder Judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos”.
En todo caso, este diario estableció que la idea de ir a la ONU a buscar un respaldo internacional que permita impulsar el relato de “medidas urgentes y/o extraordinarias” para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz sigue muy presente en la agenda de Petro. Incluso, no se descarta que sea él mismo quien viaje a mitad de año a Nueva York a ratificar todo esto ante el Consejo de Seguridad para legitimar su intención con todo lo que se le puede colgar a un escenario así.
Y aunque el canciller Luis Gilberto Murillo fue enfático en que el presidente no ha hablado de renegociar ese documento, sí admitió que para dar un paso así sería necesario reabrir la negociación con las extintas Farc. Eso sí, defendió la tesis de que la institucionalidad que surgió de ese acuerdo tiene falencias que deben intervenirse y para lo cual hay que buscar las vías.
Todo esto se traduce –como dijeron otras fuentes del entorno del progresismo– en que el camino a pavimentar no sería usar el Acuerdo de Paz en sí para promover los espacios constituyentes de los que habla Petro, algo que jurídicamente no puede hacer, pero sí ponerlo como una especie de excusa que va más allá de la implementación para entablar puentes que sí abran paso a las bases de su proyecto de izquierda que, con un Congreso cada vez más adverso y que el próximo 20 de junio culmina sus sesiones, sigue estancado en el escenario político.
Ahora bien, cuando el jueves anterior –desde Pueblo Nuevo (Córdoba)– el presidente Petro negó haber hablado de una asamblea constituyente y hasta le echó la culpa a la prensa de promover esa narrativa, había una intención. Es claro, y la Casa de Nariño así lo reconoce, que el jefe de Estado sí agitó esa bandera en un acalorado discurso que dio desde Cali el pasado 15 de marzo desde la zona que se conoce como Puerto Resistencia; otra vez los símbolos presentes.
(El ruido de una reelección agitó división en el Pacto y aplazó asamblea en la Unal)
Lo que está en juego
Pero de fondo está el debate por un anticipado escenario electoral que tiene al petrismo, a la oposición y a los sectores que se denominan como independientes hablando de quién podrá asumir el poder a partir del 7 de agosto de 2026 cuando termina el periodo de Petro. ¿Cómo coincide esto con lo que pasó a lo largo de esta semana? En que el progresismo quiere que haya sucesor de izquierda después de esa fecha. Busca no perder el poder.
“La preocupación es que el Gobierno y los ministros ejecuten y lo hagan bien, por eso estamos mirando caminos. Si no actuamos, estamos jodidos”, reconoció el representante Racero, quien públicamente también ha dicho que cuatro años de mandato son poco tiempo para implementar un proyecto político.
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Pero el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco –quien ha venido perdiendo maniobrabilidad con el Congreso tras el escándalo de la UNGRD–, salió de inmediato a advertir que “un Gobierno que use su poder para extender su propio mandato es antidemocrático”. Y aclaró que no ha visto al presidente Petro en esa ruta y que no cree que “caerá en esos cantos de sirena”. Eso sí, pidió “descriminalizar el ejercicio político” para dar debates de fondo sin que todos estos ruidos, tanto constituyentes como de posible corrupción, afecten las reformas que él tiene el deber de impulsar.
Y para refrendar la idea, también esta semana, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, advirtió que no hay camino distinto al que establece la Carta Política de 1991 para buscar una constituyente, con lo que quiso ponerle punto final al debate que abrió el exfiscal Eduardo Montealegre al decir que, supuestamente, en la Casa de Nariño sí estarían analizando acudir a un decreto para dar el paso. El palacio presidencial también lo desmintió, pero sectores afines a Petro con asiento en el Congreso advirtieron que sus palabras no fueron gratuitas.
En todo este escenario, al que se le deben sumar los ruidos que hay en el consejo de ministros –cada vez están tomando más protagonismo los “leales al proyecto progresista” que los moderados–, hay un asunto que marcará el derrotero de los dos años largos que aún le quedan a Petro en el poder. En efecto, la asamblea nacional del Pacto Histórico, que para mostrar músculo popular se reforzará con otros sectores de izquierda, tanto sociales como indígenas, cerrará sus tres días de deliberaciones el próximo sábado 20 de julio.
Eso tampoco es gratuito. Ese día, cuando Colombia conmemora su independencia, Petro instalará el tercer año legislativo del actual Congreso y lo haría después de acudir al cierre de la cita partidista y a una marcha fuera de Bogotá, por lo que parte de su discurso estará basado en volver a presionar en el Capitolio su proyecto progresista con la narrativa de que es “el pueblo” el que clama las reformas que plantea. Otra vez, paradójicamente, todo muy parecido al convulso año 2005 de la administración Uribe.
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Petro y su equipo son conscientes de que su discurso surte más efecto cuando hay más agitación política en el ambiente, por lo que casi todo se ve con clave electoral; incluso, ni siquiera en escenarios tradicionalmente alejados de la política como los de las Fuerzas Militares, los usa –como sucedió el último viernes de mayo– para recalcar la necesidad de impulsar lo que él llama un cambio.
Así las cosas, lo que el país verá durante los 796 días a partir de este domingo le restan al primer presidente de izquierda en el poder es una confrontación discursiva mucho más alta, con actores que intentarán hablar de un “acuerdo nacional” que buscará ser legitimado desde los escenarios de la maltrecha paz total –que aún sobrevive con las negociaciones con el ELN, algunas disidencias y ciertas narcobandas urbanas–, y pasando por las calles (el próximo 7 de agosto habría una nueva marcha pro-Gobierno aupada por la Casa de Nariño para conmemorar los dos años de Petro en el poder), pero que de contexto tendrá un mismo objetivo: mantener el poder en el 2026.
Santos habló sobre la intención de Petro de usar el Acuerdo de Paz con fines constituyentes:
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