Iglesia y política: la necesidad de un debate

El miércoles de esta semana, sin embargo, los presidentes de las altas cortes recibieron al director de la Conferencia Episcopal, Rubén Salazar, y a su secretario Juan Vicente Córdoba. Entre los anfitriones se encontraba el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado conservador Gabriel Mendoza. Aunque las coincidencias son posibles, en este encuentro el azar fue doble: por un lado, la proximidad del fallo sobre la tutela de adopción por parte de una pareja de dos mujeres en Medellín, y por el otro, la directriz de la Iglesia Católica de intervenir en asuntos estatales concernientes a la sexualidad y reproducción. ¿Podría entonces sugerirse que la visita consistió en “una audiencia privada o particular sobre negocios en curso”? Si eso es así, tal situación violaría el artículo 84 del reglamento interno de la Corte Constitucional y le correspondería a la opinión pública denunciarlo. Pero, ¿quién juzga? En este caso, y a través de una queja, la Procuraduría; el mismo ente de control cuya cabeza ha sido criticada por utilizar su posición privilegiada para adelantar una especie de campaña religiosa.

La visita del arzobispo primado a la justicia evidencia de manera unívoca el poder de la Iglesia Católica en el país. Un poder fincado no sólo en su popularidad y recursos económicos, sino también en sus alfiles políticos. Esto último significa que, por fuera del espacio democrático, la Iglesia puede avanzar sus posiciones. Realidad que, cuando menos, debería llevar a discutir qué tan legítima puede ser la acción de una institución semejante en nuestra democracia. Un debate que tendría que abstraerse del liderazgo de la Iglesia en la lucha contra la pobreza, contra el analfabetismo y contra la perpetuación del conflicto en Colombia, pues lo que se le reprocha no es su poder, sino su voluntad de utilizarlo al margen de las instituciones democráticamente constituidas cuando lo encuentra conveniente. En especial, en los asuntos concernientes a la sexualidad y reproducción, en la que se considera una instancia importante dentro de un esquema institucional.

En este sentido, la abogada Julieta Lemaitre Ripoll, profesora de la Universidad de los Andes, ha venido trabajando la tesis acerca de lo problemático que puede ser para un sistema deliberativo como el nuestro acoger el dogmatismo, más aún cuando éste es antipluralista. ¿Cómo puede amparar una sociedad tolerante un actor político intolerante? Es patente que los países están autorizados a suprimir posturas políticas racistas o antisemitas, así lo hacen Europa y Estados Unidos, ¿por qué, entonces, deben aceptar América Latina posturas, en muchos casos, machistas y homofóbicas? La democracia no es un sistema de valores neutro, es un sistema que se enmarca dentro de los derechos humanos y aquellos dispuestos a desconocerlos representan una amenaza a los otros miembros de la población, más aún cuando ostentan cuotas importantes de poder.

Varios sostendrán —y quizá con razón— que la esencia de la democracia es esa: acoger la diferencia, sin importar la radicalidad de las posturas. Otros dirán que la Iglesia Católica ni es dogmática ni es antipluralista y que la discusión, en cualquier caso, carece de sentido. Son posiciones válidas dentro de un debate, pero éste hay que abrirlo pronto. Y hay que hacerlo por una razón clara: miembros de nuestra sociedad han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de las posturas clericales. No se trata de encontrar enemigos de la sociedad, pero lo cierto es que las personas se pueden contagiar más fácilmente de sida o hepatitis si no usan condón, que la pobreza y la violencia se reproducen por los embarazos involuntarios que los métodos anticonceptivos ayudarían a prevenir, y que el aborto debería ser una opción de la mujer que es dueña última de su cuerpo. Es necesario, entonces, discutir cuál es el verdadero rol de la religión en una sociedad y en qué medida su poder puede perjudicar o beneficiar a una democracia.