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Por medio de un escueto comunicado dado a conocer tras la denuncia formulada por el fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, la Sala Disciplinaria del Consejo superior de la Judicatura aclaró que ninguno de los magistrados que hacen parte de la corporación estuvieron comprometidos en las inconsistencias denunciadas por el ente acusador a la par de exigir la salvaguarda, autonomía e independencia de la Rama Judicial que a su juicio ha sido objeto de una campaña de estigmatización y desprestigio.
“Dentro de la información allegada a la Sala se encontraron inconsistencias producto de la omisión secretarial en inclusión de algunos nombres cuando se elaboraron y redactaron las actas de nombramientos de funcionarios seccionales, dichas actuaciones son objeto de una indagación disciplinaria dentro de la misma Corporación”, precisó el comunicado.
Según la carta firmada por el presidente de la Sala Disciplinaria, Angelino Lizcano, las actuaciones corresponden “a hechos administrativos completamente ajenos a las funciones de los Magistrados de la Sala y de total responsabilidad de la Secretaría General”.
Ante esto señaló que el alto tribunal presentaran todas las aclaraciones que se consideren pertinentes ante las autoridades competentes, “en aras de salvaguardar la autonomía e independencia de la justicia, la cual ha venido siendo estigmatizada para desprestigiar la labor jurisdiccional que venimos cumpliendo dentro del marco de la Ley”.
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