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Al no encontrar pruebas suficientes en su contra, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra el congresista Miguel de Jesús Arenas por su presunta participación en el cobro irregular de comisiones a un grupo de aspirantes que querían contratar con la Gobernación de Santander.
El representante a la Cámara fue señalado de pedir millonarias comisiones para asegurarles las adjudicaciones de los contratos en la Gobernación.
Arenas era investigado preliminarmente por su presunta participación en la presión a un grupo de contratistas para entregarles el cobro del Impuesto Unificado de Automotores en el departamento.
El congresista fue señalado de exigir 1.200 millones de pesos a los contratistas a cambio de entregar el contrato administrativo.
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