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En una trascendental decisión, la Corte Constitucional llamó la atención sobre las últimas solicitudes de la Procuraduría para conocer los nombres e información de las mujeres que han recibido el aval de los jueces para la práctica de abortos.
El alto tribunal consideró que los funcionarios judiciales como jueces y fiscales no pueden entregar información a la Procuraduría o a otro ente y organismo, sobre la identidad de mujeres que hayan solicitado la interrupción voluntaria del embarazo.
En este sentido se indica que la entrega de esta información se debe proteger la identidad de las mujeres con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales.
La Corte señaló en su decisión que los funcionarios judiciales que entreguen este tipo de información estarían incurriendo en grave faltas disciplinarias y podían ser investigados penalmente.
Para la Corte los jueces y fiscales conocen muy bien la sentencia en la que se despenalizó el aborto en tres circunstancias, por lo que no se corre el riesgo de irregularidades, omisiones o extralimitaciones por parte de los funcionarios.
En estos casos se indica que de entregarse este tipo de información se estaría obligando a las mujeres quiere abortar dentro de los casos despenalizados, se les está estigmatizando y genera que no acudan a la justicia sino que busquen clínicas clandestinas para practicar el aborto.
La Corte señala además que las mujeres están siendo discriminadas por la justicia, por lo que compulsó copias para que sean investigados las conductas de un juez y un fiscal de Villavicencio que entregaron información a la Procuraduría de una mujer que abortó de manera clandestina al no ser atendida legalmente.
Ante esto la Corte Constitucional pidió que se investigue penal y disciplinariamente a un médico y algunos funcionarios judiciales que permitieron que la Procuraduría identificara a una mujer que se había practicado un aborto en la ciudad de Villavicencio, Meta.
Advertencia al Ministerio Público
La Corte Constitucional le advirtió a la Procuraduría General que las objeciones morales y religiosas frente a la práctica del aborto están generando que las mujeres acudan a clínicas clandestinas para interrumpir sus embarazos, poniendo en riesgo incluso su vida.
Aseguró además que con este tipo señalamientos se desconocen los derechos sexuales y reproductivos de este grupo poblacional, además de extender una discriminación en contra de las mujeres a quienes se les estaría acusando de cometer actividades ilegales, pese a que tienen todos los derechos para realizar este tipo de acciones.
Para el alto tribunal, es grave que la Procuraduría haga este tipo de solicitudes las cuales de avalarse afectarían la confianza de las personas en los organismos judiciales.
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