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A un juzgado especializado de Bogotá fue asignado un desconocido caso sobre una de las principales aristas de la trama de corrupción de Odebrecht en Colombia. Se trata de un proceso de extinción de dominio que reactivó la Fiscalía en contra del empresario Menzel Amín Avendaño, cabeza de KMA Construcciones, una compañía que controla 35 peajes en Colombia y ha tenido a cargo siete concesiones viales. Entre ellas, la propia Ruta del Sol 2, que le fue adjudicada en mayo de 2022, en reemplazo de la multinacional Odebrecht, que salió del país en medio del escándalo de corrupción que estalló en diciembre de 2016.
Amín apareció en el laberíntico caso Odebrecht a raíz del episodio que, a finales de 2016, destapó esa trama de corrupción en Colombia: el pago de un soborno de $6.5 millones de dólares al entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, para que amañara la adjudicación de la Ruta del Sol 2 a su favor. Meses después se supo que esa millonaria coima terminó en una empresa en la que Amín compartía acciones con dos implicados en el soborno, los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays. El Espectador conoció detalles de la reactivación del caso, en el cual aparecen sociedades en paraísos fiscales y conocidas familias del Caribe.
El error de la Fiscalía
Según el expediente, la reciente decisión de la Fiscalía contra el cartagenero Amín fue una orden judicial. Tiene que ver con un fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó, en diciembre de 2020, corregir un error de forma del ente investigador en un caso de extinción de dominio. El asunto se remonta a 2011, cuando la familia Ghisays, García Morales y Amín habrían utilizado el dinero de la millonaria coima para comprar acciones en un proyecto portuario en Cartagena. Los dos primeros ya fueron condenados penalmente en el escándalo de Odebrecht, los hermanos por lavar el soborno y el exfuncionario por haber recibido el dinero ilegal.
La firma que blanqueó esa plata fue Oil & Gas Infrastructure, ubicada en Islas Vírgenes, y a donde también fueron a parar $500.000 dólares del empresario Amín. Según un interrogatorio de García Morales al ente investigador, en 2011 le pidió a Amín mover esa suma a Oil & Gas para unir ese dinero con el del soborno de Odebrecht y así invertirlo en Puerto Bahía, un proyecto en Cartagena, que arrancó en agosto de 2015. Lo que dijo el Tribunal Superior fue que la Fiscalía cometió un error casi que inexplicable: nunca solicitó formalmente ante los estrados judiciales el decomiso de las acciones de Oil & Gas por donde pasó dinero de corrupción.
En ese fallo de 2020, el Tribunal le reprochó a la Fiscalía su papel contradictorio en el proceso, pues, en un principio, le criticó a Amín su falta de diligencia al no “explorar mínimamente” el origen de la inversión de los Ghisays, teniendo en cuanta que, según la investigación, había claros indicios de que Oil & Gas era una empresa de papel. Luego, en fases posteriores, la Fiscalía, inexplicablemente para el Tribunal, le preguntó a los jueces si era necesario vincular a Amín al proceso de extinción de dominio, ignorando que ese es, precisamente, el deber del ente investigador en cualquier proceso que busque determinar la procedencia ilícita de un bien.
Por los errores de la Fiscalía, el Tribunal le ordenó que, en el menor tiempo posible, revisara el proceso para determinar si Amín fue un tercero de buena fe que fue engañado por sus socios para invertir en el puerto. O si, por el contrario, pudo haber propiciado el lavado de activos que ya confesaron los hermanos Ghisays y el exviceministro García Morales. No obstante, ese estudio no fue rápido. Solo hasta febrero de 2023 la Fiscalía decidió reactivar el proceso contra el empresario. Un año más tarde, en febrero de 2024, el caso aterrizó en un juzgado especializado de extinción de dominio de Bogotá, que determinará la responsabilidad del empresario.
Las posturas sobre el caso Amín
Antes de que el Tribunal se pronunciara en este caso, un juzgado de primera instancia libró de toda culpa a Amín y declaró que su contribución de dinero a la sociedad Oil & Gas solo tenía como fin participar en el megaproyecto de Puerto Bahía. “Frente al deber de diligencia, Amín contrató a la firma extranjera Mauad & Mauad para que determinara la viabilidad del negocio y la estabilidad financiera (…) razón por la cual, Amín no estaba obligado a indagar en el origen de los dineros de sus coasociados (los hermanos Ghisays Manzur)”, señaló el juzgado de primera instancia en agosto de 2019.
Sin embargo, ese fallo no solo fue apelado por la Fiscalía, sino que la Procuraduría y el Ministerio de Justicia señalaron que había evidencias de que de Amín pudo haber “propiciado” el lavado de la coima de Odebrecht. “El esfuerzo investigativo efectuado por Amín a través de la firma Maud & Maud, fue exiguo, de cara a la totalidad de eventos que debían observarse, especialmente, la calidad y solvencia económica de los Ghisays”, señaló la Procuraduría. Estas entidades también dijeron que a Amín no le pareció extraño que Oil & Gas fuera una empresa recientemente creada, que no tenía depósito financiero y tampoco objeto social.
A la Fiscalía también le pareció extraño que Amín alegara durante el proceso que fue diligente a la hora de investigar el negocio que le propuso García Morales con la firma Oil & Gas para invertir en Puerto Bahía, pero que en otros detalles no lo habría sido. Por ejemplo, dice la Fiscalía, Amín dijo que nunca se reunió con los Ghisays, pero que, aun así, “decidió consignar esa suma exorbitante de dinero sin haber concertado alguna reunión” con ellos. Este diario se contactó con KMA Construcciones para conocer la versión de Amín, que señaló que eventualmente se presentarán ante los estrados para defenderse.
Además, aclaró que este no es un nuevo proceso, sino la reactivación de uno viejo. “Cuando se den los traslados respectivos, por supuesto que los abogados se presentarán al proceso y expondrán nuevamente los argumentos jurídicos y probatorios que acreditan que el señor Amín es un tercero de buena fe”, agregó la empresa. La empresa recalcó que las acciones de la Fiscalía vulneraron su derecho al debido proceso, pues nunca fue vinculado oficialmente a una proceso de extinción de dominio.
La nueva adjudicación de la Ruta del Sol
Entre el 25 de mayo y el 8 de junio de 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le adjudicó a la empresa de Amín la Ruta del Sol 2, en un lapso de tiempo en el que este empresario no tenía ningún proceso judicial pendiente. En ese momento, la Fiscalía todavía estaba valorando reactivar el proceso de extinción de dominio por el caso Odebrecht. Incluso, cuando KMA se postuló para quedarse con la megaobra, en julio de 2021, tampoco tenía cuentas pendientes con el búnker de la Fiscalía. Esa adjudicación de la ANI, que fue emitida a pocas semanas de que Iván Duque acabara su periodo presidencial, fue entregada de manera conjunta con una cuestionada multinacional: el Grupo Ortiz.
Se trata de una constructora que lleva varios años contratando con el Estado colombiano, en obras como la de Autopista Transversal del Sisga y una variante para llegar al municipio de Magangué (Bolívar). Además, el Grupo Ortiz participó en las obras de los Juegos Nacionales de Ibagué en 2015, que terminaron con la condena de varios empresarios de la construcción, pero nunca contra los contratistas europeos. Sin embargo, el 10 de mayo de 2022, tan solo ocho días antes de la adjudicación de la Ruta del Sol 2, el Grupo Ortiz pagó una multa de $2.300 millones a la Contraloría por el dinero perdido en las obras de los Juegos Nacionales. Ese pago le permitió librarse de una prohibición que tenía para contratar con el Estado.
Amín y García Morales, viejos conocidos
El negocio de los $500.000 dólares entre Amín y el exviceministro García Morales no es el único episodio en el que sus caminos se cruzaron. Un claro rastro de esa relación la encontró el Ministerio de Transporte en la concesión Autopista del Caribe, una inversión de $4,3 billones para mejorar la conectividad entre Bolívar y Atlántico. Como contó la Silla Vacía en febrero de este año, cuando García Morales fue capturado por el caso Odebrecht, en enero de 2017, este ostentaba el cargo de vicepresidente de Desarrollo de Negocios de KMA Construcciones y la ANI estaba a punto de entregarle a esa empresa el billonario contrato.
Además, justo en ese momento, la Agencia se aprestaba para adjudicar la Autopista del Caribe, tramite que quedó suspendido tras la captura de García y una auditoría interna de la licitación. Según esa auditoría, el exviceministro participó en al menos seis reuniones con el equipo estructurador de este contrato de la ANI. Una presencia, dice el documento, que era una clara violación del pacto de transparencia, del régimen de prohibiciones y del estatuto anticorrupción. Su pasado como viceministro de Transporte “crea un manto de sospecha sobre las gestiones que pueda acometer en el proceso de la iniciativa privada”, señaló la auditoría.
Tras ese informe, la adjudicación de esa obra quedó suspendida durante cuatro años, y solo se descongeló en 2022 tras una conciliación entre KMA Construcciones y la ANI en un tribunal de arbitramento. Sin embargo, la concesión definitivamente se fue al traste en febrero de 2024, luego de que el Ministerio de Transporte actual afirmara que la obra no tenía viabilidad financiera. Ahora, Amín no solo lidia con que el Gobierno le canceló esta mega concesión, sino que tendrá que volver a los estrados para explicar por qué terminó haciendo negocios con tres fichas claves de Odebrecht y de si propició el lavado de activos de una coima de ese escándalo de corrupción.
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Por David Escobar Moreno
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