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La novela para blindar a las Farc contra la extradición, el derecho interno y el derecho internacional se comenzó a escribir hace más de tres años.
El último capítulo contiene pretensiones dictatoriales para aprobar un Acuerdo Especial “invocando la paz para abolir el Estado de Derecho”.
En el Comunicado Conjunto Gobierno-Farc, el n.° 69, se dice: “Una vez que haya sido firmado y entrado en vigor el Acuerdo Especial, ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el período de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final…Tras su firma, se depositará inmediatamente el Acuerdo Especial ante el Consejo Federal Suizo en Berna y ante el Secretario General de las Naciones Unidas”. Fantasías, imposible blindar eternamente a los cabecillas de las Farc sin contar con un amplio apoyo popular.
Por los mismos días aprobó nuestro funesto Congreso, en sexto debate, el Acto Legislativo para la Paz, por medio del cual se incluirán tanto el párrafo anterior como unas 200 azarosas páginas del Acuerdo Especial en nuestra ya extensa Constitución y se le aprobarán facultades extraordinarias a Santos para que legisle a su antojo.
Algo más, para introducir un cambio en la Constitución se requieren ocho debates, luego faltan dos. Pero como es sabido, en los últimos debates no se pueden incluir temas no debatidos anteriormente. Los dos Actos Legislativos restantes violarán esta regla de consecutividad.
El Congreso le autorizará a Santos modificar la Carta con leyes ordinarias y reformas constitucionales sobre lo divino y lo humano, dizque para asegurarnos que lo firmado sí se cumplirá. Las votaciones aprobarán por medio de una mayoría simple; pero desaprobarán solamente por mayoría calificada, el texto completo e inmodificable enviado por Santos.
De acuerdo con lo anterior, “las Farc no se están sometiendo a nuestras instituciones”, como afirma el presidente Santos, sino que “nuestras instituciones se van a someter a las Farc”. Nadie podrá demandar en el futuro lo acordado entre las Farc y Santos.
No se puede repetir la Historia. Wiston Churchill censuró al primer ministro británico, Neville Chamberlain, cuando regresó de dialogar con Hitler tras darle todo lo que este quería en un acto de traición, cobardía y ceguera política sin precedentes. “Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra y elegisteis el deshonor y también tendréis la guerra”. Ojalá que Juan Manuel Santos no resulte ser el Chamberlain colombiano, que padezcamos peores guerras después de haberle concedido todo lo que exigieron las Farc.
Como ciudadano corriente, ajeno a las complejidades de nuestro derecho tropical, me atengo a la extraordinaria comunicación del señor procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, al presidente Juan Manuel Santos Calderón: Lo que usted está haciendo: “Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial el pueblo colombiano a la voluntad de las Farc y del Gobierno, ¿Quién le otorgó esa prerrogativa doctor Santos?”
En vista de lo anterior, “la resistencia civil pacífica, pública, argumentada y persistente” del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es un derecho democrático de quienes deseamos evitar este golpe de Estado a la democracia, o seguir trabajando para posteriormente derogarlo como sucedió en Argentina y en Chile.