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Luego de que se solicitara en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que el proceso de responsabilidad fiscal de la calle 26 de Bogotá debe ser sustraído de la Contraloría Distrital para ser asumido por la Contraloría General, utilizando la figura de control excepcional; el auditor General, Iván Darío Goméz Lee, rechazó la decisión.
El Auditor dijo que considera "supremamente inconveniente" la medida y argumentó que es "anti-económico e ineficiente en lo procesal".
"Eso es darle una salida por la puerta de atrás a un proceso que se viene adelantando. El señor Contralor y los funcionarios de la Contraloría de Bogotá están en el momento clave del proceso y tienen que decidir si imputan responsabilidad o archivan y la Contraloría de Bogotá lleva meses recaudando y valorando directamente las pruebas para esa decisión. Por ello considero inconveniente el retiro del proceso a la Contraloría de Bogotá", explicó Gómez Lee.
El funcionario fue enfático en señalar que su declaración obedece a que este es un tema muy sensible porque resulta: "que ahora los que hacemos el control, somos los amenazados, los malos de la película y a quienes denuncian penalmente cuando el tema es todo lo contrario".
Dijo que hay que respaldar a las instituciones "porque mientras los funcionarios estén en el ejercicio del cargo hay que respaldarlos".
La solicitud de sustraer el proceso a la Contraloría de Bogotá se debe a que el contralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, ha sido involucrado en el escándalo del carrusel de contratación por una conversación que sostuvo el congresista Germán Olano con uno de los empresarios del grupo Nule en la que se pide presuntamente una comisión para el Contralor.
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