‘Decir que hay presos políticos es una barbaridad’: vicefiscal

Luego llegó la llamada de Montealegre. Se siente preparado para el reto pues, asegura, conoce de teoría y de práctica. En entrevista con El Espectador, estrenando cargo, Perdomo aseguró que hablar de presos políticos en Colombia es absurdo, que Luis Carlos Restrepo debe colaborar con su proceso, que hay un especial interés en develar la ‘paraeconomía’ y que los preacuerdos no pueden significar de ninguna manera impunidad, entre otros asuntos.

Muchos uribistas ‘purasangre’ celebraron la salida de la fiscal Viviane Morales. ¿Acaso van a ser ustedes condescendientes?

Nuestro trabajo es administrar justicia. Nosotros nos debemos a los procesos y a las garantías de las personas involucradas, a nada más. Se trata de aplicar el derecho como se debe. Valoramos mucho el trabajo de la fiscal Morales y vamos a seguir las investigaciones que se llevaban. Es política de esta administración no cambiar a los fiscales que manejan casos importantes.

El expresidente Uribe, sin embargo, reclamó que Andrés Felipe Arias es un “preso político” por culpa de la Fiscalía.

No quiero entrar en discusión sobre lo que haya dicho o no el expresidente Uribe. Pero hablar de presos políticos en Colombia es una barbaridad. En Colombia esa figura ni siquiera se aplica a los detenidos por delitos políticos. Quienes están en las cárceles lo están porque tienen o bien una medida de aseguramiento o un juicio por conductas criminales. Hay que medir el lenguaje. No existen casos en que alguien esté en la cárcel por hacer parte de un sector político.

Sin embargo, Luis Carlos Restrepo no quiere retornar al país. Dice que es un perseguido. ¿Lo invitaría a regresar?

El doctor Restrepo no necesita de invitaciones. Él está siendo investigado y debe participar y colaborar como parte del proceso, como lo consagra el Código de Procedimiento Penal. Le diría al doctor Restrepo que tiene que entender que un proceso penal es un proceso de diálogo de la Fiscalía con las víctimas, el imputado y el juez. Lo invito a que venga a dialogar.

¿Cuáles son las unidades de la Fiscalía que más lo preocupan?

Todas. Es muy importante mirar a las regiones; por la lejanía necesitan más apoyo. Es que la criminalidad no está en Bogotá sino en todo el país. Justicia y Paz nos interesa plenamente: hay que ver si se está realizando el trabajo como se debe para responder a las expectativas del proceso de pacificación con los paramilitares. La Unaim, por su lucha contra el narcotráfico. Y otra, por supuesto, es la Unidad de Derechos Humanos, que debe producir resultados pronto sobre esos temas de los que, por su gravedad, el país espera una respuesta.

¿Como cuáles?

Los ‘falsos positivos’ y los asesinatos de sindicalistas o de líderes de restitución de tierras. Son temas que tienen mucho que ver con el conflicto y que tenemos que mirar con mucho cuidado. Hay un clamor de justicia, se trata de casos sensibles que han tocado las fibras de la sociedad.

¿Cuál es su opinión sobre el giro de la fiscal estadounidense y perseguidora de la mafia, Bonnie Klapper, que hoy asesora a ‘narcos’ colombianos?

Esa discusión se da en todos lados, incluida Colombia. Creo que, más allá de las inhabilidades que deberían existir, éste es un tema de ética. Cuando uno está luchando toda la vida contra algo no puede de un momento a otro ponerse a hacer lo contrario, teniendo conocimientos especiales o información privilegiada. Pero eso es cuestión del fuero individual. Es evidente que tampoco podemos satanizar la profesión: a los abogados nos juzgan por nuestros clientes y resulta que no somos cómplices sino una ayuda para garantizar los derechos de quienes están en problemas.

Al fiscal Montealegre lo tildaron de gobiernista. Usted viene del Ministerio de Justicia. ¿Qué les responde a esas voces inquietas?

Cuando se trabaja administrando justicia se tienen unos principios claros de independencia. Ser un fiscal o vicefiscal ajeno al Gobierno es un sinsentido, porque este trabajo abarca también la construcción de política criminal y eso no puede hacerlo ni el Gobierno solo ni la Fiscalía sola. Un ejemplo de ello es la justicia transicional: si nosotros no interactuamos con el Gobierno y sus entidades, todos andaríamos como ruedas sueltas. Ya he identificado que en muchos frentes hay una desarticulación total. Lo ha dicho el fiscal: vamos a trabajar con el Gobierno en lo que tengamos que trabajar. Eso no compromete la independencia, uno tiene que trabajar por el país.

Eso está claro, pero, ¿dónde y cómo se va a marcar esa distancia?

En los casos relacionados con el Gobierno que sean de conocimiento de este organismo. Sin embargo, hay que entender que ciertos proyectos de la Fiscalía son imposibles de sacar adelante sin el Gobierno.

Luego de la laxa condena a Julio Gómez, ¿qué piensa hacer la Fiscalía para ajustar esos preacuerdos?

Cuando se impone una pena, ésta debe ser proporcional al daño que ha causado el delito, aun tratándose de acuerdos. Los acuerdos o negociaciones son todavía algo extraño al sistema penal colombiano, pero deben ser igualmente justos. Un preacuerdo no puede ser un instrumento de injusticia o impunidad. Y eso es lo que tendremos en cuenta principalmente.

¿Cuál es la condena justa para Julio Gómez?

Eso no lo puedo decir yo porque son los jueces los que imponen condenas.

Pero ¿cómo no se van a sentir los ciudadanos burlados cuando Julio Gómez, quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía, sale a decir a los medios que él nunca defraudó al Estado?

Nosotros no le ponemos cuidado a esas cosas; aquí es la aplicación del derecho lo que impera. En ese caso, la Fiscalía consideró que la pena puede ser otra y por eso apeló. Ya será la decisión del juez la que prevalezca.

¿Usted no cree que en Colombia hay exceso de leyes y ausencia de justicia?

Desde que yo estaba en el ministerio he venido insistiendo en racionalizar la producción legislativa en materia penal. Es decir, que no produzcamos normas que sólo cumplen un papel simbólico. El país no puede reaccionar ante cualquier problema con normas de derecho penal, eso es una equivocación enorme.

¿Y dónde está la equivocación?

El derecho penal tiene que ser fiel a su filosofía: es la última opción que tiene un Estado para solucionar un conflicto, no la primera. Infortunadamente no contamos con la estructura carcelaria para cumplir el fin que tiene la pena: resocializar. Si no cambia la idea de querer encarcelar a todo el mundo, no se pregunten por qué la justicia no funciona en Colombia. No se puede asociar la justicia solamente con cárcel. Tenemos que reconciliarnos como país, desarmarnos como ciudadanos y sólo hacer derecho penal para las faltas gravísimas.

¿Pero cómo le explica uno a la gente que Julio Gómez sea condenado a cinco años mientras otros pagan la misma pena por presentar un billete de $50 mil falso?

Lastimosamente esas situaciones se presentan. Por eso es que jueces, fiscales y la gente deben tener claridad sobre el impacto que cada delito tiene sobre la sociedad.

¿Esta va a ser una fiscalía de 16 meses o de cuatro años?

Sobre eso no hay nada definido. El que se tiene que pronunciar es el Consejo de Estado. Sabemos que ya se presentó una demanda. Aquí estamos dispuestos a trabajar cuatro años o 16 meses, lo que sea; igual estamos trabajando ya a marcha acelerada para que todo fluya como debe ser.