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La salida de Dilma Rousseff de la presidencia del Brasil da un nuevo aspecto a las elecciones presidenciales del 2018.
Es prácticamente imposible que Dilma regrese a la presidencia tras la suspensión de 180 días que aprobó el senado de la república y que se hizo efectiva el jueves pasado. Por eso, el Partido de los trabajadores (PT) está planeando desde ahora una estrategia electoral para los comicios del 2018.
El PT tendrá que enfrentarse a contrincantes poderosos que esperan ocupar la primera magistratura del Brasil. Según un sondeo publicado por el periódico Globo, la candidata ecologista Marina Silva puntea la intención de voto, seguida sólo por el socialdemocrata Aecio Nieves, quien como ella fue candidato a las presidenciales del 2014. La reciente investidura de José Serra como ministro de relaciones exteriores del gobierno Temer lo va a alejar momentáneamente de la contienda electoral, pero es probable que sus aspiraciones presidenciales vuelvan a cristalizarse el próximo año, pues Serra ya fue candidato presidencial y su gestión en el Itamaraty podría actuar como plataforma para una nueva campaña electoral.
Los primeros pasos para integrar a un miembro del PT en la lista de los presidenciables los está dando el expresidente Lula da Silva, quien muy seguramente será el candidato presidencial de su partido en el 2018. Lula está reorganizando la oposición contra Temer en el congreso y preparando las elecciones municipales de octubre de este año, en las que se eligen prefectos, viceprefectos y miembros de las cámaras municipales. Dependiendo de su resultado el PT sabrá si el mapa de la política local le será o no favorable en el 2018. Más que en cualquier otro líder político, en Lula recae la tarea de luchar contra el abatimiento de los brasileros provocado por dos años de recesión económica, una indignante derrota en la copa del mundo, un centenar de escándalos de corrupción y la terrible expansión del zika.
Por su parte, Dilma va a jugar el mismo papel que Lula jugó durante su campaña presidencial, cuidándole la espalda y perfilándose como vicepresidente o posible miembro de un gabinete ministerial. Ella y sus asesores empezarán a recorrer el Brasil y el mundo para promocionar que su salida del Planalto no resultó de un procedimiento legal sino de un golpe de estado encubierto. Dilma insistirá en que nueve de los ministros que Temer nombró en su gabinete están siendo investigados por corrupción con el objetivo de forzarlo a nombrar otros y desestabilizar a su gobierno. Temer cargará con el fardo del traidor y Dilma va a hacerle pagar el precio hasta el último día de su mandato.
La reinvención del PT para las presidenciales del 2018 con Lula a la cabeza depende, sin embargo, de los resultados de una investigación por lavado de dinero en la cual el exmandatario está siendo investigado (la operación lava-jato). El curso de la investigación podría desvanecer las aspiraciones presidenciales de Lula y obligar al PT a postular otro candidato con menos posibilidades que él. En esa medida, el futuro político del PT y del propio Lula va a jugarse en el sistema judicial, uno de los sectores más vulnerables de la democracia brasilera en la actualidad, pero cuyo buen funcionamiento es imprescindible para devolverle al Brasil la confianza en sus instituciones.